La sombra de Paquita Marsan tras el agroturismo ilegal de Cas Costas

Asimismo el consistorio ordena también el restablecimiento de la zona a su estado original, en el que también se han talado árboles, además de haber abierto dos caminos de grava para poder acceder a la propiedad. Así lo explicó Angel Luis Guerrero, concejal de Urbanismo, ante la pregunta de Josep Antoni Prats en el último Pleno de Sant Josep.
Se advierte también a la propiedad y a la promotora de que, en caso de incumplir la orden de derribo y restauración, se impondrían 12 sanciones coercirtivas por un importe del 10% del valor de las obras realizadas, lo que equivaldría a 182.433 euros.
De esta manera se agota la vía administrativa, ya que la Junta de Gobierno desestimó el día 29 de enero todas las alegaciones presentadas por la promotora, ratificando así la propuesta de resolución elevada por los técnicos municipales.
Así, a la propiedad y a la promotora solo le quedaría la opción de interponer un recurso facultativo ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes o directamente ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo, para lo que tendría dos meses de plazo.
Dicha infracción se detectó en octubre de 2019 a raíz de una denuncia urbanística, tras la que se produjo una inspección por parte del celador municipal y personal del Consell Insular.
Dicha inspección reveló que las obras, casi finalizadas, se levantaron sin ningún tipo de licencia urbanística.

En una visita posterior a la propiedad, en diciembre de ese mismo año, se evaluó el volumen edificado sin autorización mientras que los promotores presentaron un propuesta de legalización de lo ejecutado, que incluiría la demolición de algunos elementos.
Esta popular empresaria malagueña es conocida en la isla por sus aventuras urbanísticas siempre envueltas de polémica. Desde obras ilegales en sus propiedades hasta contratos irregulares a sus empleados, pasando por delitos fiscales, por lo que ha llegado a ser condenada a pena de cárcel.
En el caso de Casa Lola, el Ayuntamiento de Sant Josep ordenó el derribo de las obras ilegales en 2011. Orden que en enero de 2020 el TSJB confirmó y que sigue a la espera de resolución del recurso presentado por la propiedad.
Sánchez Ordoñez también es administradora de Martín Sánchez 97 S.L., empresa propietaria de Km 5, en la carretera de Sant Josep, cuyas obras fueron detenidas y precintadas por el ayuntamiento el pasado año por ejecutarse sin disponer de todos los permisos.