Algo que se debe, según el presidente de Pimeef en Ibiza y Formentera, a que entre los requisitos que se piden está el haber bajado las ventas un 60% con respecto al año pasado «lo que supone que, unido a que los gastos fijos se mantienen, el negocio estará en la quiebra».
Al respecto, el Ayuntamiento de Santa Eulària lamentó las declaraciones de Rojo asegurando que «no son justas ni proporcionadas». Además, desde el consistorio que preside Carmen Ferrer se aseguró que «las administraciones no pueden ser siempre la tabla de salvación» y se recordó que esta última línea de ayudas, la segunda desde que empezó la pandemia, «supone el 2,5% de todo el presupuesto del Ayuntamiento de Santa Eulària». Además, recordaron «que hay que seguir destinando dinero a prestar ayudas sociales».
Por otro lado, el Ayuntamiento de Vila contará con una partida inicial de 1,3 millones de euros a través del convenio que firmará con el Govern para ayudar a empresas y autónomos afectados por las restricciones a causa de la COVID. De este dinero 750.000 euros los aporta el propio Consistorio y 578.000 la máxima institución balear.
Según destacaron desde el Ayuntamiento se trata de una partida inicial, ya que esta cantidad no incluye los posibles incrementos de este presupuesto por parte de otras instituciones que todavía no se han concretado a las administraciones locales.
Por su parte como el Consell el acalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, reconoció que aún no sabe qué partida económica recibirá del Govern balear, aunque avanzó que su Ayuntamiento estudia la posibilidad de aportar 120.000 euros. «Todavía no lo tenemos muy claro porque hay unos pasos administrativos a seguir y tenemos que hacer una modificación de crédito», manifestó.
Mientras, desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, informaron a este periódico que a lo largo de la jornada de hoy ya tendrían claro el dinero que aportarán al convenio para ayudar a empresas y autónomos.
Por último, la consellera insular de Promoción Económica, María Fajarnés, se reunirá este viernes con los ayuntamientos de la isla para tratar de consensuar las bases que regirán las ayudas económicas.
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