Imagen de archivo de un grupo de taxistas en el aeropuerto de Ibiza.

La Associació de Taxistes Professionals de Vila, en nombre de su vicepresidente, Joan Marí Ribas, ha presentado alegaciones contra el proceso de concesión de diez nuevas licencias de autotaxi que tiene previsto otorgar el Ayuntamiento de Sant Josep. La medida se aprobó en el BOIB 157 de 10 de septiembre, pero esta asociación confirmó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera, que no cree «que sea el momento para ampliar la flota, con la que está cayendo y con la falta de trabajo que hay en el sector del taxi tras la llegada del coronavirus».

De hecho, Marí afirmó que «no es comprensible que se otorguen licencias de autotaxi en estos momentos, cuando la actividad se ha reducido un 70% y cuando durante el período de confinamiento sólo prestaban servicio en toda la isla un 20% del total».Incluso, incidió que ahora todo irá a peor porque «volveremos a trabajar un día y a librar cuatro o a trabajar dos a media jornada y librar tres» lo que, a su juicio, hará la situación para muchos taxistas «completamente insostenible quedando muchos al borde de la quiebra total».

Así mismo, el vicepresidente de los taxistas aseguró que «se trata de una medida por parte del Ayuntamiento de Sant Josep destinada a sacar dinero para intentar sanear sus maltrechas cuentas debido al coronavirus». Según Marí, se trata de una importante fuente de ingresos «ya que estaríamos hablando de unos dos millones de euros al costar cada una de las licencias 180.000 euros a los que habría que sumar el gasto que supone el coche, la puesta a punto y el material».

En este sentido Marí fue más allá y aseguró a este periódico que «se intentan tapar las irregularidades gravísimas que se han cometido cuando se dieron dos licencias iguales con el mismo número». Concretamente, y según se puede leer en la alegación presentada al consistorio josepí por parte de los taxistas, «esta licitación es un acto elaborado a medida para intentar solventar la situación irregular en la que se encuentran las licencias de autotaxi n 72 de este municipio desde la última licitación de licencias». Algo que, según refleja el texto «no se da en ninguna parte del territorio español».

Estudio «desfasado»
Por otro lado, el vicecepresidente de la Associació de Taxistes Professionals de Vila asegura que ya en su día la empresa Estudio IMAT hizo un estudio técnico para justificar la necesidad de licencias y gracias a ello se comprobó «que no hay referencia alguna sobre la Orden de Recogida de viajeros vigente en la Isla de Ibiza que regule el funcionamiento de los taxis de los cinco municipios».

Por ello, asegura que es comprensible «que si la situación del servicio es la misma en todos los ayuntamientos, para uno haya una orden de recogida que regula el servicio y para otro no». Algo que según los taxistas «no se ha hecho saber al Ayuntamiento de Sant Josep».
Además, dicho estudio, según Marí, «ha quedadado desfasado, muy lejos de la situación actual que vivimos en los cinco municipios», y por eso piden que no se de como válido «si se hizo para justificar la creación de las licencias».

El Ayuntamiento
Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep explicó a Periódico de Ibiza y Formentera que esta alegación de l'Associació de Taxistes Profesionals de Vila es solo una de las seis que se han presentado al proceso de adjudicación de licencias y que «se estudiará detenidamente al igual que el resto».

Sin embargo, el Consistorio aseguró «que una vez se publiquen las bases definitivas y si todo sigue su curso normal la intención es adjudicar las diez licencias porque es un compromiso del equipo de gobierno». Además, incidieron en que aunque respetan las opiniones que se puedan tener desde los taxistas de Vila, «desde los interlocutores válidos en el municpio, que son los taxistas de Sant Josep, se ha llegado a la conclusión de que son necesarias y están justificadas para mejorar el transporte público».

Por último, con respecto a la acusación de una doble licencia, el Ayuntamiento de Sant Josep aseguró «que es un problema heredado de la anterior legislatura con otro equipo de Gobierno, ya que se aprobó en 2014 y formalizó en 2015, y que ahora se está intentando solucionar de la mejor manera posible para no generar problema al perjudicado».