El descontento de algunos Ayuntamientos de Ibiza (aquellos gobernados por el PP) con la fórmula acordada entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para permitir el uso del remanente a través de un préstamo al Gobierno, salió a relucir ayer en el Consell d'Alcaldes. El tema se trató fuera del orden del día a petición del alcalde de Sant Joan, Antoni Marí.
«Es una fórmula que todavía no está clara y que suponemos cuando se publique el Real Decreto que regula el uso de estos remanentes se aclarará», indicó con prudencia el presidente del Consell, Vicent Marí. A pesar de ello consideró que, por lo que se sabe, el hecho de que tenga que ingresarse este dinero a las cuentas del Estado «es un disgusto para todas las administraciones locales que han ahorrado y consideraban que en este momento de crisis era el momento de darles uso».
Marí manifestó que no es la fórmula que a él le hubiera gustado «pero todo lo que se pueda utilizar bienvenido sea».
Respecto al plan para la reactivación económica, ambiental y social de Ibiza, para el que el Consell anunció que se destinarán 50 millones de euros en cuatro años, Marí se mostró confiado en que se podrá llevar a cabo. El Consell indicó en su momento que contaba con el uso del remanente para poder sacarlo adelante.
«Tenemos que ser optimistas. Pensamos que los remanentes se podrán utilizar. De hecho ya se podían utilizar antes en inversiones financieramente sostenibles y nuestra intención era precisamente contar con el remanente para esto. Inversiones sostenibles que consideramos que se podrán hacer».
Por su parte, los alcaldes de Sant Josep y Vila manifestaron su acuerdo respecto a esta fórmula, por lo que en el acta quedó reflejada la postura de cada miembro del órgano respecto a esta cuestión.
Josep Marí Agustinet, alcalde de Sant Josep y vicepresidente primero de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (Felib), recordó la gran necesidad que había de utilizar este remanente. «Nunca se había propuesto una fórmula para poder usarlo manteniendo las restricciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria», explicó. Es por ello que «de entrada» no se debería rechazar esta medida «tan alegremente» a pesar de que «no es la solución óptima».
Valoró que se trata de un tema complejo y que ha costado mucho alcanzar este acuerdo y es «la primera y única solución que se pone sobre la mesa». «Me gustaría que cuando se critica se pusiera una alternativa».
Por su parte el alcalde de Vila, Rafael Ruiz, manifestó sus críticas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que consideró que se tendría que derogar y que «algunos cuando gobernaba Rajoy no criticaban y ahora piden que se cambie».
A pesar de ello se mostró consciente de la dificultad para cambiar la ley, dado que se requieren unas mayorías muy amplias, por lo que indicó no entender la postura del PP. «Al final es una fórmula para poder usar un dinero que no se podía utilizar. Visto el acuerdo, que no tendremos que cumplir el techo de gasto en 2020 y que se libera el superávit de 2019, esto significa que dispondremos de un dinero para dar respuesta a la gente», consideró.
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Comienzan las expropiaciones del gobierno socialcomunista, y cuando ya no quede nada que expropiar a los ayuntamientos, seguirán con los vecinos.