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El Govern aprobó ayer el decreto ley 11/2020 por el que se establece el régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las normas para prevenir y frenar la expansión del coronavirus. En este documento se especifica que habrá sanciones leves, graves y muy graves, que van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros en función de la gravedad de las infracciones cometidas. Las infracciones muy graves tendrán multas de hasta 600.000 euros por la comercialización de eventos en espacios públicos o privados «cuando produzca un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. A tal efecto pueden entenderse que producen un riesgo o un daño muy grave los incumplimientos que supongan un riesgo de contagio a más de 150 personas».

También se considera infracción muy grave la comercialización de «reuniones, fiestas o cualquier tipo de acto esporádico o eventual, sea de carácter público o privado, en los que haya aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de medidas sanitarias de prevención». Según explicó ayer la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, este decreto recoge también la organización de fiestas ilegales en viviendas turísticas vacacionales. «Cuando la infracción se haga en viviendas turísticas puede imponerse, además de la sanción, la prohibición de la comercialización de esta vivienda turística durante un periodo máximo de tres años. Seremos contundentes con estas infracciones porque es una cuestión de salud pública».

Petición del Consell d'Eivissa Sobre si las autoridades podrán entrar en las casas o villas para identificar a los responsables, una petición que hizo el Consell d'Eivissa junto con los cinco alcaldes de la isla de Ibiza, Castro reconoció que es un tema que «preocupaba a todos, pero un decreto del Govern no puede establecer la entrada a un domicilio particular porque podría interferir en un derecho fundamental». Sí que se acordó crear una «unidad de análisis donde participará la Guardia Civil, Policía Nacional y Emergencias para investigar las fiestas ilegales que se publicitan en redes sociales para que tengamos tiempo de pedir la autorización judicial para entrar». En el caso de que esta autorización judicial «no llegue a tiempo» se establecerán «operativos a la entrada y salida para disuadir y evitar que se hagan estas fiestas».

«No debemos bajar la guardia porque este virus y la pandemia sigue entre nosotros. Tenemos que ser optimistas y positivos, pero tenemos que tomar las medidas que nos aconsejan desde el punto de vista científico y técnico y buscar el equilibrio entre salud y economía», apuntó Pilar Costa, portavoz del Govern.

También se considera muy grave comercializar reuniones o fiestas con aglomeraciones que impidan las medidas de prevención o el incumplimiento de inhabilitar la pista de baile, entre otras. Como medida extraordinaria, se podrá decretar el cierre del local.

El texto también da más poderes a los inspectores que trabajarán conjuntamente con las patrullas de los Cuerpos y Fuerzas del Estado. Está previsto que las intervenciones conjuntas inspecciones y levante actas de las infracciones observadas respecto del cumplimento del aforo permitido en todo tipo de reuniones, fiestas y locales de ocio; los horarios de apertura autorizados; el uso obligatorio de las mascarillas por parte de participantes y trabajadores, en caso de que haya; y el mantenimiento de la distancia de seguridad.

La valoración Vicent Marí se felicitó ayer por el decreto-ley que se publicó en el BOIB y en el que Ibiza ha tenido un protagonismo importante. El presidente del Consell d'Eivissa considera el texto «muy necesario» para poder poner freno a las fiestas ilegales que están proliferando en Ibiza. Marí confesó que «el Consell y los alcaldes de la isla fueron los que pidieron que se hiciera un decreto en la línea de sancionar y perseguir estas fiestas ilegales tanto en espacios públicos como privados».

Marí también se mostró satisfecho por el hecho de haber «estado informado» y que se hayan tenido en cuenta las propuestas de Ibiza en el Govern.

Sobre el hecho de que no se haya aceptado la petición de que las viviendas vacacionales se consideren establecimientos turísticos para así poder entrar a los domicilios y multar, el presidente Vicent Marí reconoció que es un aspecto complicado y afirmó que «la Constitución dice que las viviendas son espacios en los que no se pueden entrar sin una orden judicial». «Hemos llegado a un paso intermedio al aumentar las sanciones. Es un paso importante porque todos lo que hagan una fiesta saben que el riesgo es muy grande. Las medidas son contundentes y tiene que ser un elemento disuasorio», informó el presidente ibicenco.

Mascarillas Marí también habló sobre el uso obligatorio de las mascarillas. «Es una cuestión polémica. Es una medida preventiva y en estos momentos que están empezando a llegar turistas y cada vez hay más vuelos de diferentes países hay que tener cautela y concienciar a la población de que el virus no ha desaparecido. El virus está aquí fuera y todavía existe posibilidad de contagio», recordó. Además no ocultó que la «mascarilla es una medida molesta», pero defendió que «es una medida de precaución para evitar un rebrote que podría acabar con lo poco que tendremos de temporada». «Será una temporada corta, una temporada atípica, pero, afortunadamente, si no hay rebrote habrá algo de temporada», añadió.

Además insistió en la importancia de evitar que un brote «se convierta en un nuevo confinamiento». «Por lo tanto, aunque las medidas sean molestas, hay que tenerlas en cuenta y desde el Consell intentamos concienciar a la población de que tenga cautela, que use la mascarilla en la mayor medida de la posible y que tenga cuidado porque nos jugamos mucho. Es una medida necesaria», concluyó el presidente del Consell d'Eivissa.

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