Cosas de comunistas en un Gobierno

Los tres (educación, justicia independiente y medios de comunicación libres y críticos) son pilares fundamentales de nuestra sociedad y, como tal, deberían ser mimados, en lugar de atacados por parte de los miembros del Gobierno.

Es inaudito que el PSOE se haya prestado a permitir la discriminación de los alumnos más necesitados por el simple hecho de que sus padres, haciendo uso de la libertad que tienen, los hayan matriculado en un centro concertado.

Felipe González se dio cuenta en 1985 de que la escuela concertada era un chollo para el Estado y decidió incorporarla plenamente al sistema, en una modélica expresión de la colaboración público-privada que ahora peligra.

Un 25 % de los alumnos españoles (dos millones de niños y jóvenes) están escolarizados en este tipo de centros, la mayoría religiosos (60%), pero también laicos y de corte independentista, como las ikastolas vascas.

El Estado paga las nóminas de los profesores, que cobran menos que los de la pública, y una parte de los gastos de mantenimiento de unos centros que no son independientes como los privados, ya que dependen de las consejerías de educación de cada comunidad.

Además del ahorro en nóminas, los padres pagan la parte de los gastos que se ahorra el Estado, con lo que cada alumno matriculado en la concertada cuesta de media (2.886 euros, según el INE), algo más de la mitad que en la pública (5.436 euros).

Las cifras varían en función de cada autonomía. En Baleares, en 2015, el ahorro de la concertada fue de 2.628 euros por alumno y curso, nada más y nada menos que 139 millones de euros más habría tenido que pagar Educación, si todos fueran a escuelas públicas.

Conviene, no obstante, no hacer comparaciones sin tener en cuenta que la pública afronta necesidades, como las escuelas rurales y un mayor número de alumnos con necesidades especiales, que la concertada. Por lo tanto, son cifras con letra pequeña.

Rectificación. La semana empezó peor, con la exclusión de la concertada de los 2.000 millones de euros del paquete de 16.000 millones que el Gobierno lleva anunciando para hacer frente a los gastos de la crisis del Covid-19.

Esta decisión sectaria fue rectificada, otra más, y finalmente serán las comunidades autónomas las que decidirán cómo repartir los fondos entre ambos tipos de centros, sin exclusiones de partida.

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso, no obstante, mantiene el veto a la concertada en la propuesta que el Congreso de los Diputados ha de hacer al Gobierno.

En el dictamen de la comisión, reclama más fondos para la educación. Y todos exclusivamente para la pública. «La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa», recoge.

Los fondos han de servir para ayudar a los alumnos más necesitados, independientemente del tipo de centro que hayan escogido sus padres.

Se trata de un debate extemporáneo que España ya había superado gracias a un modelo de éxito, y de una decisión sectaria e ideológica de Podemos, permitida sorprendentemente por el PSOE, con el objetivo de torpedear la libertad de los padres a la hora de escoger el centro para sus hijos y de acabar, o al menos dificultar, su existencia para potenciar la escuela pública, a pesar de que un trasvase de alumnos supondría un notable incremento de los costes para el Estado, algo que ya sabemos que preocupa poco a parte del arco parlamentario porque el dinero público no es de nadie.

Si no lo remedia el Pleno del Congreso, los grandes perjudicados serán los estudiantes más necesitados de los centros concertados que se verán privados de unos fondos que provienen de nuestros impuestos y esfuerzo debido a la trasnochada dicotomía entre lo público y lo privado y a las ganas de enfrentarnos que tiene Podemos.

El ‘caso Dina'. Pablo Iglesias contratacó el viernes con un ataque, sin citarlo, al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el caso Dina y que formaría parte de lo que el vicepresidente gusta llamar las cloacas del Estado.

También atacó a los periodistas, a quienes llamó «tipejos» y «gentuza», y a los medios de comunicación que publican informaciones que le comprometen, actitudes inaceptables en un miembro del Gobierno de un estado democrático.

Iglesias había guardado silencio hasta que el viernes habló en la radio pública del caso por el que podría ser imputado por revelación de secretos, al apropiarse de una tarjeta de móvil de una asesora, y otro de daños, por haber borrado su contenido.

Iglesias ya no es el tertuliano más o menos histriónico de la Tuerka, ahora es nuestro vicepresidente y, como tal, debe abstenerse de atacar a tres de los pilares de nuestra libertad.

La nueva normalidad. En la mal llamada nueva normalidad, fruto de esta moda de lenguaje cursi que nos azota, ya que una normalidad no puede ser nueva, y porque es todo lo contrario, ya que pasan cosas que no son normales. La última la conocimos ayer: un hombre, por llamarlo de alguna manera, decidió que la mejor manera de pasar el coronavirus del que había sido diagnosticado era saltándose el confinamiento en Barcelona y viajar a Ibiza. Ahora está ingresado en Can Misses de forma forzosa. Es el último episodio de una semana negra que empezó con una fiesta ilegal en Amnesia, un foco cerrado de forma precipitada por Sanidad con cuatro casos y de los que ya se tiene constancia de nueve, dos inmigrantes que viajan desde Argelia en patera con el virus... Y mientras tanto, la Generalitat de Cataluña confina a 200.000 personas en la provincia de Lleida. Preocupan y mucho determinados comportamientos que ponen en riesgo los avances alcanzados y que podrían teñir de negro los brotes verdes que han empezado a florecer gracias a la apertura del espacio aéreo.