El Consell solicita la retirada del decreto ley de protección del territorio

La moción, que solicitaba la retirada de este texto, fue aprobada con el voto del equipo de gobierno y la consellera no adscrita y el voto en contra de PSOE y Podemos.

Juan valoró que no había ninguna urgencia para impulsar un texto que en Ibiza ha convertido en rústicos los terrenos urbanizables de Sant Josep y Sant Antoni y que obliga al Consell a determinar la calificación de los terrenos urbanos no consolidados. Consideró que se ha hecho para «pagar hipotecas» con el partido Més per Mallorca.

Por otra parte, indicó que invadía completamente las competencias de los ayuntamientos y obligaba al Consell a tomar decisiones sobre qué hacer con determinados espacios.
Por último, el conseller considera que se ninguneó al Consell d'Eivissa. «Nos enteramos por la prensa de que se iba a aprobar un decreto ley. Es triste que la máxima institución de Ibiza no sea consultada sobre el contenido de un decreto que afecta al suelo de la isla», valoró, más cuando sí se negoció con el resto de consells de Balears.

Por otra parte Juan pronosticó futuras indemnizaciones por las consecuencias de este texto como ya ocurrió con la ley 4/2008, que desclasificó terrenos urbanos en algunos municipios y ya ha supuesto 230 millones en indemnizaciones.

Desde Podemos y PSOE defendieron por motivos distintos el texto. Viviana de Sans acusó al PP de ser «un depredador de territorio», motivo por el que sus consellers están molestos con el decreto. «Pensamos que con los urbanizables se hace un gran avance al convertirlo en suelo rústico y que, por tanto, se limite el techo poblacional. No podemos crecer indefinidamente», consideró.

Lamentó que Ibiza se hubiera quedado fuera de las limitaciones de construcción en las zonas de prevención de riesgos.

Por su parte el portavoz del PSOE, Vicent Torres, calificó la moción de «modo de hacer oposición contra el Govern de Francina Armengol». Recordó que el decreto no afecta al suelo rústico de Ibiza y respecto a los suelos urbanizables y urbanos no consolidados indicó que se trata de una oportunidad de poner orden en estas parcelas.

Mariano Juan insistió en que el argumentario está muy bien, pero se ha creado un texto por el que «ni siquiera los ayuntamiento de Sant Antoni y Sant Josep saben a qué terrenos afecta», una norma que parece no estar pensada para ninguna realidad de Ibiza.

Además, consideró que no era de recibo que en el texto no se diera ninguna capacidad a los ayuntamientos para decidir respecto a su propio territorio. Recordó que desde el Consell se hablará con ellos para determinar que se hace con sus suelos urbanos no consolidados, pero por talante, no por obligación, dado que el decreto ley nada dice al respecto.