Juan explicó que el nuevo reglamento servirá para agilizar trámites y eliminar burocracia de las administraciones, no solo en el Consell sino también en los ayuntamientos, por lo que indicó que para su redacción se contará con la colaboración de técnicos y jusristas de cada consistorio y los colegios profesionales.
Recordó que en su momento el Consell ya planteó 45 medidas consensuadas con todos los partidos con representación en el Consell, de las que se recogieron muy pocas en el decreto ley 8/2020 de impulso a la economía. Para el conseller las medidas en materia de agilización administrativa que desplegó el decreto «son insuficientes para Ibiza, por lo que el Consell se encargará de poner en marcha este reglamento insular» en el que ampliará el uso de las declaraciones responsable, reducirá en la medida de los posible la necesidad de cédulas de habitabilidad y eliminará licencias en aquellas obras que no impliquen ampliaciones siempre que no se hagan en suelos protegido o en edificios catalogados.
El conseller indicó que la norma también implicará un refuerzo de las inspecciones para garantizar que los trabajos se ajustan a la realidad.
Reclasificación de suelos
Por otra parte, la reunión de ayer sirvió para determiniar que ni Vila, ni Santa Eulària, ni Sant Joan están afectados por el decreto ley de protección del territorio. Únicamente los municipios de Sant Antoni y Sant Josep han visto como sus suelos urbanizables pasaban automáticamente a ser rústicos. Además, el Consell d'Eivissa deberá clasificar de nuevo algunos suelos urbanos no consolidados (aquellos en los que existen construcciones pero falta algún elemento para que estén completamente urbanizados, como las farolas o las canalizaciones de agua) y determinar si pasan a ser rústicos o siguen siendo urbanos.
Mariano Juan criticó que el decreto excluya a los ayuntamiento de este proceso de reclasificación de suelo. En consecuencia aseguró que el Consell creará equipos de trabajo con los técnicos de Urbanismo y juristas de Sant Josep y Sant Antoni para determinar qué suelos están afectados por esta normativa y qué se hace con ellos.
«El gobierno insular no quiere tomar decisiones sobre el suelo urbano de estos municipios, algo que sería competencia exclusiva de los ayuntamientos, sin contar con ellos. Primero porque son los conocedores de la situación de estas calles que están medio urbanizadas y en segundo lugar porque queremos evitar que esto pueda desembocar en reclamaciones patrimoniales e indemnizaciones».
Sant Josep y Sant Antoni
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, agradeció la reunión convocada por el Consell. Indicó que en el municipio que gobierna hay cinco o seis zonas urbanizables que no se habían desarrollado desde 1986, por lo que estaban «condenados» a no urbanizarse. Respecto a los suelos urbanos no consolidados indicó que el Ayuntamiento ya tenía prevista su revisión con el inicio de redacción del nuevo plan general y valoró que el decreto es un «estímulo» para arreglar las cosas en suelo urbano.
Más beligerante con el decreto fue el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, que consideró que suponía arrebatarles competencias tanto al Consell como a los ayuntamientos.
Explicó que en el caso de Sant Antoni se ven afectadas 60 hectáreas de suelo urbanizable y a unas 30 hectáreas de suelo urbano sin consolidar. Por otra parte habría otras 40 hectáreas de terrenos en estudio, 3 zonas de unas 20 hectáreas en total de suelo urbanizable y otras 20 hectáreas de urbano.
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