Una imagen de un pleno de Vila.

Una imagen de un pleno de Vila. | Marcelo Sastre

R.I.28/04/20 14:54
TW2

El Ayuntamiento de Eivissa, en coordinación con el resto de los ayuntamientos de la isla y de común acuerdo con el Consell d'Eivissa, ha puesto en marcha una serie de medidas dirigidas a reducir el impacto que supone el parón económico tras la declaración del estado de alarma por la COVID-19. Estas primeras medidas fiscales prevén la exoneración a particulares y empresas de la parte proporcional de cánones y tasas repercutidas y que no se han podido hacer por el estado de alarma.

Entre ellas se puede destacar la exoneración de la parte proporcional de la tasa municipal de basuras a los establecimientos con la actividad afectada mientras dure el estado de alarma; la exoneración de la parte proporcional de la ocupación de la vía pública durante este mismo periodo, y la ampliación del periodo voluntario de cobro de tributos periódicos hasta el 2 de noviembre con posibilidad de fraccionamientos.

Noticias relacionadas
Imagen de recurso del virus del Covid.

Si te has contagiado de Omicron estando vacunado, has tenido suerte

Más noticias relacionadas

El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, explicó que “este es un primer paquete de medidas económicas” que se pone en marcha. “Nuestro objetivo es continuar dando respuestas a la ciudadanía, respuestas sociales y económicas, dirigidas a paliar los efectos negativos de esta crisis sanitaria entre las personas y también entre el tejido empresarial de nuestra ciudad. Este primer paquete de medidas supone dar liquidez a las empresas de nuestra ciudad por valor de 5 millones de euros”, expuso.

Otras medidas económicas son también la exoneración de la parte proporcional del pago de otros servicios, en caso de que se hayan pagado de forma anual, como las guarderías municipales y el uso de las instalaciones deportivas municipales.

El Ayuntamiento de Eivissa, según su comunicado, “prioriza, en sus actuaciones durante este crisis motivada por COVID-19, el incremento de las partidas destinadas a las familias y colectivos vulnerables, el mantenimiento del periodo de pago a proveedores, que actualmente se fija en cuatro días, y la creación de una mesa de diálogo para elaborar planes de dinamización turística, comercial e industrial”.