Cabe recordar que, cuando se realizaron estos trabajos, con el PP en el Govern, los populares utilizaron el llamado modelo de financiación de peaje en la sombra para poder hacer frente a los costes. Con este modelo fue pagando a las dos concesionarias -Accesos Ibiza y Ortiz Nuevo Acceso- en función del número de coches que transitara por dichas carreteras. A cambio, durante 25 años ellas tenían que asumir el mantenimiento de las infraestructuras en materias tales como alumbrado, jardinería y pintura.
Así, el Govern pagaría hasta que se llegara a un tope de tráfico tras el cual se consideraría amortizado el trabajo poniendo el contador donde más tráfico hay: al comienzo de la carretera.
Cuando llegó el PSOE al Govern, con Francesc Antich como presidente, el conseller de Vivienda i Obres Públiques, Jaime Carbonero, decidió cambiar la cláusula de los límites máximos pese a tener en contra el criterio de la abogacía de la Comunidad Autónoma, el criterio de intervención de la Comunidad Autónoma y una auditoría que se solicitó. Por ello, Carbonero pidió un informe externo que apuntaba que los límites no eran máximos, sino orientativos, por lo que dejó de haber un tope y se computaban todos los coches.
Cien millones
Según fuentes del Partido Popular (PP), la diferencia entre lo que debería haber cobrado la concesionaria con este sistema respecto al de máximos es de unos 100 millones de euros. Ante ello, cuando el PP regresó al poder, propuso un expediente de lesividad, ya que veía este asunto como algo netamente perjudicial. Dicho expediente se llevó a los tribunales y, desde entonces, ha habido dos sentencias, ambas favorables al Govern encabezado entonces por el PP. En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Balears en 2015, y ahora el Tribunal Supremo confirma lo apuntado por la Corte autonómica.
En este sentido, hay que añadir que, durante la pasada legislatura, se propuso una comisión de investigación sobre las carreteras por parte de la izquierda. Las conclusiones que sacaron tanto los socialistas como la derecha fueron desestimadas por la Fiscalía. En esta ocasión, sin embargo, fuentes populares afirman que el Tribunal Supremo le ha pegado «un bofetón» a la Consejería de Obras Públicas que entonces comandaba Jaime Carbonero.
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Sistema enfermo, sociedad de mierda