Un panel anunciando una conocida fiesta de discoteca y otro de una marca de cerveza. Son las primeras de las muchas vallas publicitarias que desaparecerán en la isla tras la acción impulsada por el Consell d'Eivissa para eliminar este elemento del paisaje ibicenco.
Una empresa de publicidad inició ayer la retirada de los dos primeros paneles ubicados en el solar contiguo al Recinto Ferial, propiedad de la institución insular. «Tenemos que predicar con el ejemplo y si queremos que se aplique la normativa, había que comenzar con estas», señaló la directora insular de Lucha contra el Intrusismo, Naihara Cardona. La retirada se llevó a cabo después de haber llegado a un acuerdo con la institución insular y sin apertura de expediente sancionador.
Este departamento ya informó hace un mes a los anunciantes de vallas en el «dominio público de carreteras» así como en «parcelas en suelo rústico» de que «la lucha contra el intrusismo y las actividades ilegales es una de las piedras angulares del Consell d'Eivissa para la legislatura 2019-2023», y que se incrementarían las «inspecciones» y un «mejor control de la legalidad en algunas materias, entre las cuales se encuentran las vallas publicitarias», como ya publicó Periódico de Ibiza y Formentera.
De momento, según explicó Cardona, se está llevando a cabo un inventario para ver cuántas se encuentran en situación ilegal. «Algunas tienen el permiso desactualizado», explicó. «El Consell concedió los permisos hace años, pero después se llevaron a cabo las obras de la carretera de Sant Antoni o la del aeropuerto y son informes favorables que están obsoletos», apuntó Cardona.
En este sentido, señaló que, una vez hecho el inventario, se espera que las empresas de publicidad retiren todas aquellas que no son legales ni se pueden legalizar. Así, detalló que las vallas que están en suelo rústico se tendrán que retirar «sin discusión posible».
Proceso sancionador
La intención de la institución insular es llegar a acuerdos tanto con las empresas de publicidad como con los anunciantes para que las vallas se retiren «sin necesidad de llevar a cabo un proceso sancionador», según explicó la directora insular de Lucha contra el Intrusismo.
No obstante, en caso de que no se retirasen de forma voluntaria, Cardona indicó que «habría que hacer unas diligencias previas, se abriría expediente sancionador y se propondría tanto una sanción como la medida de retirada». Asimismo, señaló que, si una vez finalizado el expediente no se hubiera pagado la multa, «se embargarían las cuentas que tuviera la persona o empresa responsable y, si aún así no retira las vallas, habría que pedir una orden judicial de derrumbe». «Aunque esperamos no llegar a ese punto», aseguró.
Las sanciones, si los paneles se encuentran en propiedades privadas, «se consideran graves» y pueden suponer una cuantía que iría entre los 3.000 y los 6.000 euros. «Si las vallas están dentro del dominio público, las multas preestablecidas van desde los 6.000 a los 150.000 euros», apuntó.
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