Muchas de los puntos de esta ley no afectarán a Sant Antoni, sino a Mallorca. | A.E.

El Ayuntamiento de Sant Antoni pudo ver ayer un esbozo del borrador de la futura ‘ley de excesos' del Govern balear que afectará a la zona del West End del municipio. Según explico el alcalde Marcos Serra tras la reunión con Vicent Torres Benet, director adjunto de la Agencia de Turismo de Balears, «en enero nos reuniremos para delimitar la zona a la que afectará, pero seguramente sea la misma que la llamada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)».

En este sentido, Serra dijo sentirse más aliviado al conocer que muchas de las medidas que incluye esta ley no afectarán a Sant Antoni. Y es que, a su parecer, la normativa está prácticamente enfocada a Mallorca y, en Sant Antoni, «solo nos afecta en unos puntos muy concretos en las dos calles en las que hay un desmadre mayor del que nos gustaría», indicó.

Así, el primer edil detalló que el Ejecutivo balear no podrá limitar los party boats ni el ‘todo incluido' básicamente porque en el West no lo hay. Lo que sí que podrán tocar será el horario de las bodegas 24 horas y las ofertas de 2x1 de alcohol.

Asimismo, Serra indicó que, al igual que se restringen actuaciones, también han solicitado ayudas para llevar a cabo inversiones en el casco antiguo; algo que «estudiarán».

Ampliación horaria
Por otra parte, desde el Ayuntamiento siguen viendo positiva su decisión de ampliar la apertura de los locales los fines de semana y vísperas de festivos durante el invierno, a pesar de la oposición vecinal.

De este modo, dijo que no han registrado incidencias desde que se aprobara en el pasado pleno esta ampliación horaria y remarcó que «sirve para activar la economía del municipio porque hay nuevas contrataciones de camareros y porteros», además de que «el ocio es un derecho más del que poder disfrutar, siempre respetando a los vecinos».

Respecto a los bares que solicitaron dicha ampliación (unos cuatro), Serra afirmó que han aportado la documentación requerida, como el contrato de un portero, el estudio de sonometría y la factura de compra del limitador que se conectará a la Policía para controlar los decibelios de los locales.