La nueva tasa, que gravará, a partir del día 1 de enero, con entre un 1,5 y un 2,5 % la facturación de las empresas de reparación de barcos que operan en la isla, ha provocado un fuerte malestar en el sector náutico y críticas a la Autoridad Portuaria, ya que ésta, además, se llevará este porcentaje tanto si el arreglo se realiza en el puerto como en un varadero de su competencia.
No solamente la APB ha recibido críticas. También lo han hecho la Asociación de Empresas de Acividades Marítimas (Apeam), la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Comisiones Obreras (CCOO) y la Cámara de Comercio de Mallorca por haber dado su conformidad al texto. Las empresas afectadas por la nueva normativa consideran que, aunque la medida se ha promulgado con carácter nacional, se podría haber intentado retrasar su aplicación, como se ha hecho, por ejemplo, en Cataluña y la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos.
El pliego fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares el pasado día 28 de junio y posteriormente fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de noviembre. Los sectores involucrados creen que la medida afectará a unas 400 empresas del mundo de la reparación de barcos que operan en las islas.
¿Subida de precios?
Fuentes de Varadero Ibiza, empresa ubicada en el puerto, adelantaron que las empresas «querrán recuperar este dinero». Ello no implica que vayan a subir los precios necesariamente, sino que dependerá de la facturación anual que sea capaz de hacer cada una de ellas. En el caso que ocupa a esta compañía, sus representantes dijeron que «lo más seguro» es que no lo apliquen a sus clientes para poder «mantenerlos». «De esta manera, seguiremos teniendo una buena fuente de trabajo», añadieron, si bien concedieron que las pequeñas empresas pueden pasarlo peor.
Desde la compañía dedicada a las reparaciones de los barcos manifestaron, sin embargo, que todavía no estaban «enterados» en profundidad de esta nueva medida, aunque suponen que se aplicará. «Si no es así, al final la pagarán las empresas», señalaron. De momento, ellos, a falta de confirmación oficial de la nueva ley, continúan con sus tarifas habituales desde hace dos años.
La Autoridad Portuaria ya ha visto cómo alguna empresa ha presentado recursos para pedir que se sususpenda la puesta en marcha de la tasa. Entre ellas, no se encuentra Varadero, cuyos dirigentes, insistieron, aún no tienen claro cómo les puede «afectar» la medida, ya que «nadie» les había informado de «nada» al respecto.
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