En esta, Cristina Ribas se interesó por la situación actual del polígono y quiso saber si el Ayuntamiento había recibido el proyecto de urbanización «completo» que se pidió a la junta de compensación el pasado mes de febrero. «Un proyecto que dé solución a la red de pluviales, al correcto funcionamiento de la red de fecales y también a la declaración y enmienda de los defectos urbanísticos de la urbanización», detalló Ribas.
En este sentido, explicó que, en la pasada legislatura, se pidió un dictamen a un despacho de abogados especializado en Urbanismo para «determinar la posibilidad de actuaciones por parte del Ayuntamiento que permitan ejecutar obras de urbanización y licencias de actividad».
Y es que, según recordó, durante 20 años se ha ido desarrollando el polígono y se han ido dando licencias simultáneas, «que son correctas jurídicamente», pero que, a su juicio, no deberían haber permitido la actividad al no estar recepcionado. «La urbanización no está acabada y el incivismo de la gente ha convertido la zona en un vertedero que da aspecto de abandono total», añadió.
El informe lo trasladaron a la junta de compensación y el 15 de febrero de este año se le dio un plazo de seis meses para presentar un proyecto acorde a lo que se pedía. «El 7 de marzo pidieron la suspensión porque les faltaba ver los proyectos», por lo que cuatro días después «se emitió un informe larguísimo [desde el Ayuntamiento] de los defectos que tendría que resolver la junta», sostuvo Ribas. Una actuación previa a la recepción del polígono.
El 25 de marzo se mantuvo una nueva reunión donde se abordaron cuestiones técnicas y «se le ofreció a la junta tener acceso a los expedientes que pedían para su revisión», subrayó; incluso se les facilitó un despacho para ver unas 14 cajas de expedientes, ya que no podían sacarlos del Consistorio, y que, por tanto, «el plazo de seis meses seguía corriendo».
A pesar de ello, Ribas apuntó que no pidieron dicha revisión. Por ello, pidió al equipo de gobierno que se les exija un plazo para la ejecución del proyecto, así como que identifiquen a todos los titulares de las parcelas y las actividades existentes, «a quienes deberían repercutir los costes en el caso de que no cumpla la junta de compensación», criticó.
Por su parte, el concejal de Urbanismo confirmó que el Ayuntamiento no había recibido dicho proyecto y que el problema del polígono será «prioridad». De hecho, Jiménez indicó que acudieron a la última junta de compensación, «básicamente para escucharles porque no conocíamos el problema real».
Por otro lado, argumentó que se comprometieron a estudiar el caso, pero por las fechas «dijimos que esperaran a que tuviéramos el Presupuesto resuelto». Ahora, se «centrarán» en el caso para intentar resolverlo «dentro de la legislatura».
Aún así, Ribas fue más allá y le recordó que, por plazos, ya se está en condición de poner «multas coercitivas» al no presentar la documentación requerida. «Vamos a estudiarlo y si ese es el siguiente paso que hay que dar, lo daremos».
Presupuestos
El pleno aprobó el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio económico 2020 con la abstención de la oposición. El Consistorio contará con 28 millones de euros, de los cuales 5,7 se dedicarán a inversiones.
Para PSOE-Reinicia, el 90 % de las inversiones previstas ya estaban planeadas por el anterior gobierno progresista y criticó que, para el próximo ejercicio, se invierta más en personal que en la pasada legislatura y que se aumente en un 900 % la partida de viajes y desplazamientos. También criticó que se feliciten por no tener deuda «sin admitir que se ha hecho un buen trabajo por el anterior gobierno».
Sin embargo, el concejal Xicu Cardona recalcó que se debe a la actualización del catastro. «Si el Ayuntamiento estaba endeudado y se ha resuelto en 4-5 años es porque estaba previsto, así que no se pongan las medallas», espetó.
Además, Planells lamentó que les dijeran que no ejecutaron obras por redactar proyectos y «ahora los pueden hacer gracias a la gestión hecha», pero Cardona se escudó en el retén de la Policía «que no se ha hecho en cuatro años».
Por su parte, el concejal Joan Torres -por alusiones- señaló que «se trata de seguir lo que se hizo bien y mejorar lo que no».
Más propuestas
El pleno también aprobó por unanimidad en asuntos de urgencia la declaración Institucional 25 de Noviembre sobre el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer; impulsar cambios para que los patios de los colegios y los parques sean inclusivos; cambiar el nombre de la calle General Gotarredona «por el de una mujer»; crear ayudas para el alquiler de vivienda destinada a jóvenes y evitar la publicidad sexista en todo el municipio de Sant Antoni
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