La segunda teniente de alcalde, Antonia Picó, apuntó que no se puede permitir que «ni una gota de agua depurada vuelva al mar» y recordó que «estamos con decretos de presequía». Por lo tanto, «es importante que se actualice la depuradora», que actualmente tiene «un sistema secundario que obliga a tirar el agua al mar una vez depurada». Por las características «de la zona», la depuradora «necesita un sistema terciario para que el agua sea de calidad», concluyó Picó.
Con esta medida, se podrá utilizar la balsa de Sa Rota (con capacidad de 200.000 m3 y ahora sin uso) para regar los campos, y las líneas de riego que el Consistorio ha instalado en zonas como Cas Capità.
Desde la oposición manifestaron la importancia también de «llevar a cabo las reparaciones de la red de abastecimiento de agua correspondientes, y mantenerla en buen estado para evitar pérdidas». Así mismo la concejala Beatriz Fernández indicó las «numerosas pérdidas de agua durante el verano en la calle Mestral en S'Argamassa». El concejal Oscar Evaristo Rodríguez añadió que «es una vergüenza las veces que se ha roto la tubería en los últimos meses».
Bienestar animal
Por otro lado, se trató también la falta de caudal del río del municipio y la muerte de los patos hace unos días en él. Para lo que la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, explicó que «se debió a una bacteria que aparece en los espacios con agua estancada sin oxigenación», como pasó «en el río de Santa Eulària debido a la ruptura de la bomba de agua y a la posidonia estancada por la tormenta». La concejala aseguró que «ya se han tomado las medidas oportunas» y están «a la espera de los resultados de las analíticas».
También se aprobó, la propuesta del grupo municipal Unidas Podemos relativa a un plan de Bienestar Animal, para lo que se acordó «crear una mesa de Bienestar Animal aproximadamente cada seis meses para plantear y estudiar posibles mejoras», precisó la concejala Madrid.
El grupo municipal socialista presento su «disconformidad con la normativa sobre la retirada de los perros recogidos en la calle y llevados al centro de protección animal Can Dog», ya que según manifestó la concejala Josefa Marí Guasch, «en muchos casos es por extravío del animal y la multa para recogerlo es de 300 euros», lo que calificó de una cantidad «excesiva».
Desde el Ayuntamiento indicaron que «la sanción administrativa es una medida para que los ciudadanos no abandonen a sus mascotas».
A este desacuerdo se unió la ONG Ibiza4Patas, cuyo coordinador Giussepe Guastella, presentó dos propuestas para «mejorar la situación» ya que según indicó «en Can Dog hay alrededor de unos 70 perros abandonados de Santa Eulària».
La primera propuesta fue «crear una página web» para dar visibilidad a los animales y tener más información de cada uno de ellos. La segunda, «no poner sanción al responsable de la pérdida de un animal la primera vez que suceda, si no a partir de la siguiente».
Guastella aseguró que «la multa como medida preventiva no funciona ya que Santa Eulària es de los municipios de la isla que más perros abandonados tiene». Además de ser, «el único que sanciona cuando el motivo ha sido pérdida del animal y no abandono».
La alcaldesa Carmen Ferrer agradeció «estas propuestas» al coordinador de la ONG y prometió «estudiarlas».
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La misma noticia en Diario de Ibiza. El PP se opone a aprobar un párking para caravanas. No, mola más cobrar multas o que se vayan a la propiedad privada a dar por saco.