El Grupo Popular en el Ajuntament d'Eivissa pidió que en el presupuesto de 2020, las ayudas al alquiler asciendan de los 100.000 euros presupuestados actualmente a los 300.000 y que se extiendan a otros colectivos, además de los jóvenes.
Además de esta propuestas, el portavoz del grupo municipal, José Vicente Marí, denunció ayer que el alcalde, Rafa Ruiz, «tras cuatro años de no hacer nada en materia de vivienda, solo fotos en solares vacíos, ostente el triste récord de ser el municipio más caro para acceder a la vivienda de toda España, y esto no se arregla con fotos ni palabrería continua», según apuntó en un comunicado.
El también presidente insular del PP pidió hacer «esfuerzos» en las políticas municipales para «presionar a la baja el precio de compra y de alquiler de vivienda». En ese sentido, Marí sentenció que la «auténtica emergencia es que Ruiz y los podemitas rectifiquen» y en caso de que carezcan de ideas «aprueben las propuestas del PP».
Además de la subida del presupuesto de ayudas al alquiler, el PP pidió la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la reducción progresiva del gravamen de este impuesto aplicable a los inmuebles urbanos hasta situarlo en 2023 en el 0,60% y derogar la regulación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Urbanos, porque repercute «en el comprador o en el precio de la compra».
Desde el Grupo Popular piden al Govern «medidas fiscales en materia de vivienda que pasen por un tipo reducido del 4% para compra vivienda habitual y al 2% en caso de jóvenes menores de 30 años, así como la eliminación del de actos jurídicos documentados para adquisición y préstamos hipotecarios para la compra de vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años, familias numerosas o monoparentales».
Para Marí, el Consistorio antes que «declaraciones de emergencias y de echar las culpas a los demás», debe hacer el trabajo «propio» que corresponde a Ruiz y los podemitas en el ámbito municipal.
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El problema de la vivienda es principalmente un problema de avaricia. Y de momento de muy difícil solución. No hay ninguna ley que pueda obligar a un propietario a alquilar una vivienda suya a un precio que decida la autoridad competente. De hecho, en Berlín se ha intentado poner un techo al precio de los alquileres por zonas, y el resultado no ha sido el esperado. Hay menos inmuebles en alquiler y los precios no han bajado, bajo cuerda se cobra una parte, y si el que quiere alquilar no lo acepta, directamente no se lo alquilan. Ahora el Ayuntamiento de la ciudad va a comprar viviendas a grandes tenedores de las mismas, para poder ponerlas en alquiler a precios razonables, pero claro, la inversión va a ser millonaria y no muchas ciudades podrían permitírselo.