El Gobierno de Sánchez suma doce avisos contra leyes de Armengol en solo un año

La ofensiva del Gobierno de Sánchez contra leyes de Baleares no solo es cuantitativa, sino también cualitativa. Entre las doce leyes sobre las que pesa amenaza de recurso hay algunas que se convirtieron en bandera del Ejecutivo de Armengol durante la pasada campaña electoral, como es el caso de la ley de residuos, que prohíbe los plásticos de un solo uso, y la ley de cambio climático, que adelanta la prohibición de la venta de coches diésel en la Isla.

También se han presentado advertencias sobre otras normas más ideológicas, como la de Consultas, y otras de enorme peso político, como la advertencia de llevar ante el Tribunal Constitucional el aumento de la carrera profesional recogido en la Ley de Presupuestos de este año.

Más técnicas

También hay aspectos menores de otras leyes, como la ley agraria, aspectos relativos a la regulación de los bomberos que se incluyeron en las leyes de crédito extraordinario y la ley de servicios a las personas en el ámbito social, entre otras. La conclusión es que a las leyes aprobadas en Baleares les ha ido peor durante el mandato de Sánchez ya que el ritmo de amenazas de impugnaciones ha sido de uno al mes.

Tras su reunión con Pedro Sánchez esta misma semana, la presidenta del Govern, Francina Armengol, trató de restar importancia a los avisos de inconstitucionalidad y se mostró convencida de que los dos gobiernos alcanzarán acuerdos y las disposiciones no acabarán en el Tribunal Constitucional.

También precisó que no se puede pedir la retirada de estos avisos ya que sería como pedir a los abogados del Estado «que dejen de hacer su trabajo». «Son cuestiones muy técnicas que analiza la Abogacía del Estado», dijo la presidenta al respecto.

Las 20 leyes amenazadas en la pasada legislatura suponen el 25 por ciento de las 80 leyes que aprobó el Parlament balear entre 2011 y 2015. En la legislatura de José Ramón Bauzá, hubo 19 advertencias de inconstitucionalidad sobre un total de 79 leyes, lo que significa que, en los últimos años, el Gobierno ha cuestionado una de cada cuatro leyes de Baleares.