Este desajuste se nota, sobre todo, en la venta. En este sentido, los integrantes de ABSI explicaron que las operaciones de compraventa se materializan a un precio por debajo del anunciado y que así se refleja en las estadísticas del Colegio de Registradores de la Propiedad. Asimismo, señalaron que muchos de los inmuebles que se ofertan por encima de su valor y cuyos propietarios no quieren bajar de precio «acumulan meses anunciándose y no se venden».
Por contra, en el caso del alquiler, pese a que los precios también están sobredimensionados, «se alquila todo al precio que pone el propietario». Sobre esta cuestión, Gayá recordó que confluyen dos circunstancias que contribuyen a encarecer el precio: por una parte, el alquiler turístico, que pese a ser ilegal en pisos en Palma, se sigue llevando a cabo; y, por otro, que muchos propietarios optan por el alquiler de temporada, de modo que alquilan sus viviendas a trabajadores que vienen de fuera de la Isla y que hasta seis personas comparten vivienda. «Cada inquilino puede pagar 200 o 300 euros al mes, pero el precio final es muy elevado», dijo Gayá.
En opinión de ABSI, es necesario dotar de mayores garantías a los propietarios para que destinen sus viviendas al alquiler a largo plazo. De ahí, que soliciten una reunión con el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, para tratar esta cuestión y atajar la problemática del alquiler en las Islas.
Aunque reconocen que la solución no es fácil, entienden que no pasa por limitar el precio de las viviendas de alquiler porque «lo único que hará será empeorar la situación porque muchos propietarios dejarán de percibir una rentabilidad y sacarán su vivienda del mercado, por no asumir riesgos innecesarios al no obtener rentabilidad, y habrá menos oferta». Entre las medidas que proponen, figuran dar ayudas económicas a los inquilinos e incentivos fiscales a los propietarios, lo que, a su parecer, «promovería una bajada de los precios por el aumento de la oferta».
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Si existiese una Ley por la cual, en caso de impago u ocupación ilegal de una vivienda fuese garantizada realmente y efectiva la recuperación por el dueño en un plazo máximo de dos semanas, saldrían al mercado miles de viviendas en alquiler con lo que se paliaría parcialmente el problema.