El segundo teniente de alcalde, Aitor Morrás, de Unidas Podemos, señaló que su formación no se subirá el sueldo, que ya se redujeron en 2015, porque entienden que «no es necesario» y porque el trabajo de los cargos públicos ya está «suficientemente retribuido». A lo que añadió que «no se trata de populismo, sino de una postura política».
En este sentido, Morrás, recordó que «estamos en una ciudad donde el 24% de la población está al borde de la pobreza y donde hay trabajadores dependientes del Ayuntamiento, como los controladores de la zona azul (ORA) que cobran 900 euros». El regidor de Unidas Podemos señaló que de esta forma «empatizaban» también con la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Valoriza, «que no quiere negociar con sus empleados una subida salarial».
Discrepancias
El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, aseguró que esta «primera discrepancia» entre PSOE y Podemos no supone «un buen augurio» y que serán «cuatro años de contradicciones, algo que no beneficia a nuestra ciudad», recalcó.
En este sentido, Marí Bosó aseguró que desde el PP «nunca se ha hecho demagogia con este tema, y cuando hemos tenido que limitar retribuciones y cargos lo hemos hecho, como por ejemplo, con la modificaciones de la ley de Régimen Local en 2013. Ahora es el alcalde quien debe explicar por qué tras ser tan crítico en anteriores legislaturas, cambia el criterio para subir los salarios del equipo de gobierno», concluyó.
Morrás contestó al portavoz del PP que esta decisión les afecta a ellos como regidores y que «no tiene que ver ni afectará a las políticas beneficiosas para la ciudadanía que tienen que llegar a término».
La subida de sueldo supondrá en torno a «4.000 euros para los tenientes de alcalde y algo menos los concejales», explicó la portavoz del gobierno municipal, Elena López.
La primera teniente de alcalde, del PSOE, remarcó que este aumento en los salarios «no es una subida como tal» sino que se corresponde con la recuperación del 10% que el equipo de gobierno se rebajó la pasada legislatura «por la situación que vivía el país y este Ayuntamiento en particular, donde había funcionarios con sueldos congelados y pendientes de un pacto que mejorara sus condiciones». Así, explicó que una vez superada esta situación y con la subida del salario mínimo de 600 a 900 euros consideraron «recuperar» ese porcentaje. López señaló además que Vila es la ciudad «que más ciudadanos tiene bajo su responsabilidad y es una cuestión de dignificación de nuestro trabajo», que supone gran «responsabilidad» y «exposición pública». Además, puntualizó que el alcalde de Vila «no será el que más cobra y el salario está plenamente justificado».
El pleno aprobó también la dedicación exclusiva al cargo de los 12 concejales del equipo de gobierno. En el mandato anterior, de los 11 regidores que formaban la corporación, «tres tenían una dedicación de entre el 70 y el 80%», según explicó López. Además, a los cargos de confianza ya existentes la pasada legislatura se sumó la aprobación de crear una plaza de director de Recursos Humanos.
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