Vila explica que el edificio ha sufrido muchos daños, pero el incendio no ha afectado «gravemente» a su estructura. | Daniel Espinosa

El Ayuntamiento cerrará el acceso al edificio incendiado el pasado lunes en es Viver y en el que vivían unas 50 personas. Así lo confirmaron ayer fuentes municipales al tiempo que indicaron que los servicios urbanísticos están redactando un informe que se enviará a la propiedad para que se haga cargo del estado del inmueble.

Por el momento, «lo que podemos avanzar es que el edificio ha sufrido muchos daños, pero el incendio no ha afectado gravemente a la estructura», matizaron. Aún así, recalcaron que resulta «extremadamente» peligroso acceder al interior del inmueble al no considerarse seguro.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Vila explicaron que, una vez acabe la investigación por parte de la Policía Nacional, el espacio quedará cerrado con indicaciones que informen de la prohibición de acceder al interior. «La Policía Local y la Policía Nacional irán pasando por el edificio y procederán a desalojar a cualquiera que se halle en su interior», insistieron; una vigilancia necesaria al considerarse «peligroso» estar dentro.

Empresa irlandesa
Cabe recordar que el edificio ‘okupa' es de titularidad privada después de que la Sareb consiguiera vender la deuda. Concretamente, ha sido el fondo de inversión Nightwing Issuer Designated Activity Company, con sede social en Irlanda, quien se ha hecho cargo de la hipoteca por valor de dos millones de euros.

A esta cifra se suman las deudas de dicha empresa con el Ayuntamiento que ascienden a 179,374 euros: 150.000 euros que ya se reclamaban a la Sareb por diversas actuaciones a las que se ha sumado 20.464 euros por el tapiado, 1.494 euros más por la demolición y reconstrucción de una valla para acceder al inmueble y 7.416,9 que facturó Valoriza por las horas de trabajo para retirar las casi 60 toneladas de basura que había acumuladas en la zona «En este total, hay dedudas que aún no se reclaman por la vía ejecutiva», precisó el Consistorio.

De momento, Vila no tiene noticias de la propiedad, por lo que se desconoce el futuro del inmueble. Aún así, Rafa Ruiz, alcalde del municipio, indicó que si no lo hacen, «lo hará el Ayuntamiento».

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Asimismo, Ruiz recordó que las instancias judiciales denegaron en su día la entrada del Ayuntamiento y se plantearon, incluso, adquirir el edificio con fondos europeos.

EL APUNTE

El dispositivo de atención en sa Bodega estará hasta el martes

Cruz Roja, en coordinación con la Red de Inclusión Social de la concejalía de Benestar Social de Vila, mantiene su dispositivo de atención -habilitado en el Centro de Educación de Adultos de las Pitiusas (CEPA)- para las personas afectadas por el incendio. Una cifra que ronda las 50 personas, según precisó el Ayuntamiento de Vila.

El servicio de albergue que comenzó el lunes se alargará, en principio, hasta el martes de la semana que viene. Así se decidió ayer después de evaluar la situación y ver que, cada noche, pernoctan menos personas. De hecho, un total de 39 personas pasaron la noche del lunes en las carpas habilitadas por el Ayuntamiento, que se redujo a 26 solo dos días después. Asimismo, reiteraron que siguen ofreciendo el servicio de ducha con horario ampliado (de lunes a viernes en horario de tarde), así como asistencia a la hora de adquirir medicamentos, entre otras cosas.

Por otra parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) quiso manifestar ayer su pésame a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Rossanna Venturini, tras su fallecimiento a causa del incendio. «Venimos denunciando la situación de la vivienda y la pobreza de los trabajadores de Ibiza y Formentera desde hace tiempo. Denunciando las infraviviendas que están proliferando y los campamentos en zonas boscosas. ¿Cuántas personas deben morir para que nuestros políticos reaccionen?», dijeron en un comunicado. Por ello, exigieron la «inmediata» aplicación del decreto de emergencia habitacional y la ley de la vivienda, además de una zona de acampada con infraestructuras higiénico sanitarias y que CCOO, UGT y la patronal vuelvan a incluir la obligatoriedad del alojamiento en el convenio.