La consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, justificó el pago de las facturas a la asociación Amadiba.

La consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, justificó el pago de las facturas a la asociación Amadiba. | Daniel Espinosa

M.J.R.02/05/19 4:01
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La consellera de Benestar Social de Ibiza, Lydia Jurado, defendió ayer la legalidad de los pagos de 14 facturas por un valor de 150.000 euros a la asociación Amadiba pese a que el interventor de la institución les advirtió de que no se han seguido los trámites establecidos ni habituales. «El pago de estas facturas es totalmente legal. Se sigue un procedimiento de omisión de fiscalización previa, que se contempla en todas las administraciones y que sirve para que se puedan pagar facturas sin tener que interrumpir servicios. Yo firmo estos expedientes porque vienen firmados por un jefe de sección, un jurista y un jefe de servicio del departamento», precisó Jurado, quien acusó de «demagogia» al PP. «Antes de que entráramos nosotros, el PP ya aprobó en 2014 el pago de facturas a Amadiba con el mismo procedimiento; hay que hacerlo así porque no se puede interrumpir el servicio al tratarse de un servicio social. En servicios sociales, además, es absolutamente imprescindible», apuntó la consellera de Benestar Social.

En el último pleno del Consell d'Eivissa se aprobó de forma urgente el pago de estas facturas, que alcanzan los 150.000 euros. A esta cantidad se suman los 63.000 euros que se pagaron en octubre del año pasado siguiendo el mismo procedimiento. «Es lo mismo que otras veces; hay un oficio del interventor que dice que no se han seguido los trámites establecidos y un informe técnico-jurídico que justifica por qué hay que pagar esto. Todos tenemos claro que hay proteger siempre a las personas con más necesidades», expresó el conseller de Hisenda, Gonzalo Juan, en el último pleno. Desde el PP culparon al equipo de gobierno de «no hace las cosas como toca». «Es lamentable que las asociaciones que hacen un trabajo encomiable y necesario cobren con siete u ocho meses de retraso. Pero éste no es un problema de Amadiba, que hacen muy bien su trabajo, sino de ustedes, que no hacen bien su trabajo. Somos conscientes que hay que pagar porque si no nos demandarán por enriquecimiento ilícito, pero es una obviedad que ustedes no hacen las cosas como toca», explicó el conseller popular Mariano Juan, quien recordó que el informe de Intervención señala que la Ley de Contratación del Sector Público «prohíbe la contratación verbal, salvo que tenga carácter de emergencia. La excepcionalidad no esta justificada en el expediente puesto que no se trata deun contrato que reúna los requisitos para dictar la emergencia del mismo». La interventora del Consell también destaca en su informe la existencia de un «fraccionamiento ilícito del contrato» y añade que «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del servicio de asistencia diurna de menores discapacitados, por lo que procedería declarar la nulidad del procedimiento».