El Consell abrió 233 diligencias en 2018 por alquileres turísticos irregulares

La máxima institución insular recordó que cualquier propietario de una vivienda donde se preste esta actividad ilegal puede ser sancionado

La temporada turística empezó oficialmente ayer y se prevé que haya nuevas batidas contra el alquiler ilegal. | Daniel Espinosa

Europa Press02/05/19 4:01

El Consell d'Eivissa abrió en 2018 un total de 233 diligencias por alquileres turísticos irregulares y recaudó 142.005 euros en sanciones sobre un total de 318.984,86 euros recaudados en materia de ordenación turística. Según informó ayer la máxima institución insular, junto a las policías locales comienzan en mayo las batidas para detectar y sancionar pisos que ofrecen alojamiento a turistas sin autorización. La institución también destacó que la coordinación y definición de las batidas se lleva a cabo mediante reuniones de la Comisión contra el intrusismo en el turismo.

Asimismo, el Consell iniciará una nueva campaña informativa para disuadir a propietarios de viviendas y plataformas comercializadoras de una actividad ilegal como el alquiler turístico sin autorización. Así, alertó que cualquier propietario de una vivienda donde se preste esta actividad puede ser sancionado. Por ello, el Consell recordó que sólo puede llevarse a cabo esta actividad en viviendas legalmente registradas y, en caso contrario, se abrirán expedientes sancionadores.

La institución recordó que la Ley Turística de Baleares declara responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas a los propietarios y a los posibles explotadores y comercializadores.

El departamento de Turisme del Consell d'Eivissa reiteró que existe el mail inspecció.turisme@conselldeivissa.es a través del cual una persona puede denunciar la práctica de actividades de alquiler turístico irregular.

La Ley Turística establece que la comercialización de una vivienda como alojamiento sin autorización implica una «infracción grave» con multas de entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador, por cada vivienda ofrecida de manera irregular.

En el caso de las plataformas u otros explotadores, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros. En 2017, según recordó el Consell d'Eivissa, se recaudaron 22.800 euros en sanciones a alquileres turísticos irregulares sobre un total de 129.987,72 euros recaudados en temas de ordenación turística. En 2016, fueron 22.725 euros sobre un total de 94.970 euros.