Carlos Bravo: «Si no se hubiera inventado la Alianza hubiera sido imposible llegar hasta donde hemos llegado»

Hace 5 años que empezó el movimiento de contestación social en Ibiza y Formentera contra los proyectos petroleros. ¿Qué importancia ha tenido empujar a las instituciones a tomárselo en serio?
—Ha sido muy importante. De hecho, la Alianza ahora tiene 125 miembros y está la sociedad civil (con ONGs, sindicatos, etc), el sector privado (como Fomento del Turismo o Pimeef en Ibiza) y las administraciones (consells y ayuntamientos). Es un movimiento transversal; la Alianza quizás sea un poco lenta a la hora de tomar decisiones porque tenemos que tomarlas por consenso para trabajar en los temas, pero el hecho de que las tres patas estén unidas le da una fuerza muy importante y de cara al Gobierno central u otras entidades exteriores es muy importante. Tanto en el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, que se logró el apoyo de muchas instituciones a pesar de las presiones del antiguo Ministerio de Energía para que no se protegiera porque había muchos proyectos que se solapaban encima, como ahora con el área de control de emisiones, la presión de las administraciones ha sido fundamental.

Entonces, según lo que dice el cambio en estos cinco años y medio de actividad ha sido muy notable.
—Sí, ha habido un antes y un después. Si no se hubiera inventado la Alianza con la estructura que tiene -con las administraciones, sector privado y sociedad civil- hubiera sido mucho más difícil o imposible llegar hasta donde hemos llegado.

¿En qué fase se encuentran los proyectos en los que habéis estado trabajando?
—La Alianza empezó con el proyecto ‘Cairn Energy' en el Golfo de Valencia que ya estaba otorgado, ya tenía los permisos y estaba en la primera fase de búsqueda de yacimientos de hidrocarburos y para eso tenía que hacer sondeos acústicos con los cañones de aire comprimido. A partir de ahí se generó una movilización enorme en todos los ámbitos, se presentaron muchas alegaciones y logramos pararlo. En aquel entonces ni siquiera habíamos empezado a pensar en la protección del corredor de migración de cetáceos, a pesar de que el proyecto se solapaba con el corredor en la parte del golfo. Lo que vimos es que no era el único proyecto, sino que había muchísimos más. También estaba el de ‘Spectrum', que ya está archivado, el de ‘Schlumberger', también archivado, estaban los 12 permisos alrededor del Golfo de León, donde las petroleras sabían que había petróleo y la acumulación de proyectos era clara. Por eso era muy importante poner en marcha la protección del corredor, no solo por la fauna sino para evitar que esos proyectos lesionaran todo el interés ecológico que tiene la zona.

Esto quiere decir que la Alianza no era consciente de todos los proyectos que estaban en marcha...
—Exacto. Fuimos viendo que había más y empezamos a trabajar en cada uno de ellos. Hemos logrado archivar seis permisos, pero aún quedan otros seis. De momento, seguimos trabajando en cada expediente, tratando de buscar los fallos que tienen para poder archivarlos, pero no tenía sentido seguir haciendo ese planteamiento como se hacía porque, por ejemplo, el MedSalt-2 apareció en el 2016 y después en 2018 otra vez. Es decir, necesitamos que haya una protección legal para proteger las aguas que están bajo jurisdicción española del Mediterráneo, una protección que impida la presentación de nuevos proyectos, porque si no la amenaza va a estar ahí. La evolución de la Alianza fue que decidimos que había que plantear ir más allá, ir a una medida más ambiciosa que era conseguir que una ley de ese estilo se tramitase en el Parlamento. Como el gobierno de aquel entonces no tenía ninguna intención de plantear una protección... lo hicimos a través del Parlament balear, además, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de toda la sociedad. La Proposición de Ley presentada es muy importante y es el hito que lograría resolver todos estos problemas de golpe.

Ahora está en trámite, ¿no?
—Tuvimos un intento que se frustró en el último momento, a pesar de que habíamos hablado con todos los grupos parlamentarios y de que hiciéramos un debate en el Congreso de los Diputados en 2017. El problema fue que el Ministerio de Energía lo vetó con argumentos totalmente falsos, con un documento que ni siquiera está firmado porque como era mentira todo lo que decía no se atrevieron a poner la firma de puño y letra porque hubiera sido una prevaricación. No había ningún fundamento jurídico ni ninguna repercusión presupuestaria. Lo que hizo el Gobierno fue vetar su tramitación, pero en 2018 hubo una sentencia unánime del Tribunal Constitucional que decía que el Gobierno no puede vetar la tramitación de las proposiciones de ley que vengan de grupos parlamentarios de las comunidades autónomas salvo que tuviera motivos fundamentados y demostrables de repercusión significativa al presupuesto que estuviera en vigor en ese momento. Esta ley, con esa sentencia, no se podía vetar y pedimos al Parlamento que volviera a tramitarlo. Entonces se volvió a hacer todo el proceso antes del cambio de gobierno y así ya teníamos la seguridad de que iba a ser tramitada.

¿Qué ha pasado con el cambio de gobierno?
—Luego ha venido el gobierno de Sánchez que no ha ejercido el derecho de veto, es decir, ellos no están a favor de las prospecciones y al final, tanto por la sentencia del Constitucional como por la decisión del Gobierno, no ha habido ningún obstáculo para que entre en el Congreso. Ahora está pendiente de la toma en consideración en la que representantes del Parlament balear -PP, MÉS y PSIB- tienen que defender en pleno su proposición y pedir que se tramite. Entendemos que se va a tramitar; lo que queremos es que esto no se demore porque hay veces que las proposiciones de ley se atascan y queremos que los grupos parlamentarios le den prioridad.

¿Cuándo se aprobaría?
—Depende de cuándo pongan la fecha de la toma en consideración y de cuándo empiece el trámite de enmiendas, pero nosotros creemos que perfectamente este año 2019 puede ser tramitada por completo y aprobada. Esto supondría proteger todas las aguas españolas que no son solo las aguas territoriales, sino toda la zona económica exclusiva (200 millas) hasta que llegas al límite con la zona de otro país.

¿Cómo valora que el Gobierno haya eliminado el impuesto al sol?
—Es una cosa muy importante, aunque todavía quedan cosas por hacer, pero evidentemente era un freno al desarrollo de la energía solar de forma descentralizada. No había ningún problema para poner plantas centralizadas en suelo, pero el hecho de que los ciudadanos no pudieran generar su propia electricidad con renovables era absurdo cuando además hay países, como Inglaterra o Alemania con menos irradiación solar, ya estaban muy por delante de nosotros en potencia instalada. Que en España se pusiera un impuesto a tener que producir tu propia energía es absurdo. La derogación de ese real decreto está permitiendo ya una dinámica muy importante; ya hay entidades financieras y distribuidoras comercializadoras de energía que están proponiendo a sus clientes instalar placas para hacer autoconsumo y esto va a ser un salto muy importante dentro de lo necesario que es aumentar la potencia renovable instalada a nivel general, tanto en tejados como en suelo. Hay que tener en cuenta que hay que descarbonizar la economía. El autoconsumo tiene un papel muy importante que cumplir, pero el Gobierno todavía tiene que facilitar el balance neto, que no está aprobado, y que permite que puedas vender tus excedentes a la compañía eléctrica que tendría que remunerarte o viceversa. Tampoco está despejado el camino para que las comunidades de vecinos puedan hacer uso de esto. En una casa aislada no hay problema, pero en una comunidad hay que buscar el consenso; entonces hay que hacer un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal.

¿Se puede decr que en las Pitiusas, y a nivel balear también, malgastamos la energía solar?
—En Balears, en general, hay un 3% de producción a partir de energías renovables; el resto es todo por combustibles fósiles. Respecto a la central de carbón de Mallorca, Endesa ha anunciado que se cerrarán los primeros grupos para cerrar los que faltan en 2025 y la eliminación del combustible en las centrales de Eivissa, Maó, etc, hacia un futuro 100% renovable. Evidentemente hay que salir de ese 3% para llegar al 100% que pretende la Ley de Cambio Climático. Esto no se va a hacer de un día para otro, pero es un camino que hay que recorrer y cuanto antes, mejor. También hay un debate abierto sobre la necesidad de autorizar instalaciones en suelo porque si no no se va a llegar a ese 100%.

¿Es factible que los ciudadanos nos podamos autoabastecer de energías renovables?
—Absolutamente. Y no solo pensando que uno pueda ser autosuficiente, que es posible. Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo se dijo que era posible ponerte de acuerdo con tu vecino para hacer una pequeña red interna para hacer pequeños intercambios de energía. Yo creo que a medida que vayan despejando los problemas burocráticos que hay, y sabiendo que la tecnología está disponible, se usará la energía solar porque ahora es la más barata de todas porque el precio ha bajado en los últimos años de una forma brutal. Lo bueno que tiene, además, es que es modular ya que depende de lo que necesites para tu autoconsumo o para producir más y venderlo a la red y eso es algo que se va a poder hacer.

¿Cuándo?
—Esto va a ser una realidad antes de lo esperado y facilitará también la democratización de la energía porque cada uno va a ser dueño de su propia producción y de sus excedentes, pero hay que pensar también que existe la posibilidad de intercambiar energía y que los excedentes de grandes núcleos puedan ser consumidos en un polígono industrial o una empresa de gran consumo, por ejemplo. Cuantas menos centrales grandes de generación eléctrica tengamos, mejor será de cara a las emisiones y el sistema esté más descentralizado y no sea propiedad de unos pocos como hasta ahora. De todos modos, lo que está claro es que con los desarrollos que hay en baterías, que cada vez son más potentes y más versátiles, se van a poder hacer muchas cosas, no solo poner placas en los tejados.

¿Como por ejemplo?
—Hay un papel para el coche eléctrico que almacena y vende energía, es decir, tú tienes el coche aparcado y se va a poder, con un chip, programarlo para que acumule energía en la red o venderla a la red. Al final, cuando haya millones de coches eléctricos vas a poder utilizar los coches como pequeñas centrales de almacenamiento y de venta de energía.

En el caso de la Casita Verde, sí que se puede decir que se autoabastece. ¿Sería factible que todo funcionara así?
—Esto cada vez va a ser más fácil porque las placas son cada vez más eficientes, cada vez hay más tecnologías adaptadas. A medida que ellos vayan instalando, si quisieran, miniaerogeneradores o placas fotovoltaicas no solo podrían ser autosuficientes, sino que podrían exportar su electricidad. Esto va a ser más fácil en los sitios donde haya edificaciones dispersas, en ese tipo de desarrollo urbanístico las casas individuales van a poder ser autosuficientes.

¿Se refiere al interior de la isla?
—Sí, pero pensando en núcleos más grandes, como la ciudad de Eivissa, donde se consume más energía y la capacidad de producir es menor, van a tener que estar conectados a la red eléctrica para recibir electricidad de centrales. Este es un futuro que cada vez está más claro, ya está en marcha y es inevitable, pero hacen falta decisiones valientes para poner en marcha esos procesos.

¿Decisiones como la medida de prohibir el diésel o la reducción del plástico?
—El otro día leía una noticia que decía que el 2018 es el año en el que se ha alcanzado el tope de venta de coches de diésel, a partir de este momento van a ir bajando. Ya hay marcas que han dicho que van a dar prioridad a la fabricación de coches eléctricos porque no se puede seguir con el modelo actual y se va a ir muy deprisa en esto, incluso más de lo que están marcando algunas normativas. Por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático habla del 2040 para la prohibición del diésel, pero probablemente mucho antes de eso será efectivo ya que la venta de vehículos diésel será residual.

¿El problema actual puede estar en que el vehículo eléctrico es más caro?
—Ahora sí, pero a medio-largo plazo van a ser más baratos y además se ahorrarán costes. El coche eléctrico ahora te puede costar más que un coche convencional con las mismas características, pero tiene menos mantenimiento y el coste de movilidad es más barato con electricidad que con gasolina; con lo cual, a lo largo de los 15 años que te puede durar el coche ahorras dinero. En cuanto a la reducción de plásticos es algo que desde la Alianza no estamos trabajando, pero hay muchísima preocupación y vamos a apoyar iniciativas concretas que hay. El plástico viene del petróleo y hay otros materiales que podrían hacer la función, a parte de que hay un sobreconsumo de plástico totalmente innecesario y el proceso de reciclaje y recuperación es muy deficiente todavía. Lo que no tiene sentido es seguir produciendo materiales de un solo uso que terminan después en vertederos, en la tierra o en el mar produciendo graves daños a la fauna. Hay que cambiar las leyes para prohibir este tipo de materiales.

¿Qué cree que se podría hacer en ese sentido?
—Sería muy positivo implantar un sistema de retorno de envases y que hubiera una política a nivel estatal que prohíba este tipo de materiales, que son innecesarios o que se pueden producir con elementos biodegradables. Lo que queremos en Balears es que el Govern sea pionero en este tema porque somos un territorio insular donde, evidentemente, el mar tiene una importancia vital. Y desde luego, hay que aplicar un régimen sancionador a todo aquel que incumpla la normativa.

Queda mucho por hacer en materia de sostenibilidad, pero ¿qué es urgente hacer en 2019?
—Nuestra carta a los Reyes Magos es amplia. Pedimos que se apruebe la Proposición de Ley para proteger el Mediterráneo y esto conlleva el archivo de todos los proyectos que hay en marcha. Pedimos que no se renueven más concesiones de explotación de las que ya están en vigor. Pedimos, también, que se apruebe en Balears una buena ley de cambio climático y transición energética que permita que la transición hacia un modelo 100% renovable sea más rápida de lo que plantea la Ley y lograr que, en breve, el Gobierno apoye los esfuerzos que se están haciendo en otros países para crear un área de emisiones en el Mediterráneo para reducir las emisiones de gases contaminantes en el sector del transporte marítimo y también avanzar en esa sostenibilidad de la que carece ahora el tráfico marítimo.