«Asistimos a un nuevo episodio en el cuestionamiento constante del Estado de derecho», señaló Torres, quien recordó el reciente acuerdo entre algunos grupos políticos para acordar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, «en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal, que ha llevado a una nueva convocatoria de huelga tras el 22 de mayo», remarcó.
Los jueces y fiscales de Ibiza estaban llamados ayer a la segunda jornada de huelga en cuestión de cinco meses. Ambos colectivos, magistrados y fiscales, reclaman al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público.
En este sentido, Torres hizo hincapié en que en la actual coyuntura «recobra especial importancia exigir más independencia y denunciar la falta de medios, reclamar cargas de trabajo saludable, sueldos dignos, la recuperación de los recortes sufridos en 2012, la creación de plazas y aumento del número de jueces y fiscales». Todo esto, según subrayó, «son unas poderosas razones para la huelga».
Por su parte, la Fiscal jefa de Ibiza, Mamen Navarro, hizo hincapié en que «defendemos una absoluta separación de los poderes y un CGPJ totalmente independiente».
La jornada de huelga fue secundada por siete de los diez magistrados. Por parte de la Fiscalía, los seis fiscales titulares hicieron huelga, un paro al que también expresaron su adhesión dos fiscales en excedencia, explicaron.
Complemento desfasado
Torres y Navarro subrayaron también un mal específico de Ibiza: «un complemento de insularidad que no se ha actualizado desde hace unos 25 años». En este sentido, el juez decano recalcó que este hecho es uno más de los obstáculos que hacen que la gente no quiera coger un destino en Ibiza dadas además las condiciones habitacionales de la isla y la carestía de la vida.
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