Una decisión política disfrazada de técnica

Ya que conocemos las explicaciones ofrecidas por ambos responsables políticos a la juez y también la acusación que formula la empresa querellante Bambagas, autorizada por la Demarcación de Costas a la instalación de un quiosco desmontable en Cala Gració durante un periodo de tiempo determinado por cuatro años, vamos a analizar los hechos conocidos algo que a buen seguro ha de sacar de quicio a Reinicia Sant Antoni, que preferiría -y ya se comprende- que los periodistas estuviésemos callados.

Ni un día abierto

Es obvio que Bambagas ha soportado unos gastos importantes con la compra del chiringuito, su transporte e instalación, la contratación del personal y finalmente el desmontaje, sin haber abierto ni un solo día, pese a tener un permiso de Costas. Y es natural que actúe legalmente contra el Ayuntamiento y también en el ámbito penal contra el alcalde, Josep Tur ‘Cires' y la concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, además de contra dos técnicos municipales.

Afirma ‘Cires' que hay informes contradictorios y que ante eso, se decidió por solicitar un dictamen externo. Y Bambagas sostiene que hay una «manifiesta voluntad política» de no permitirles abrir, pese a contar con el permiso de Costas.

Pocas cosas hay más lamentables que ver a un político disfrazar una decisión política de cuestión técnica. Se trata de una cobardía en la que se incurre a menudo, porque ya que se reconoce que había informes favorables y contrarios, se opta por los contrarios y no por los positivos, que sería lo lógico dado que el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Pablo Valdés, reconoció haber sido él personalmente quien firmó el informe favorable al chiringuito, previo a la concesión de la autorización por parte de Costas.

Dijo, además, que no podía haber hecho otra cosa, ya que de lo contrario hubiese prevaricado. Si un gobernante quiere fastidiar a alguien, habitualmente se hace con el informe de un técnico que sustente su actuación. Y si viene el secretario municipal, el funcionario de mayor rango en el ayuntamiento, y dice que todo está bien, pues se desprecia su informe y se pide un dictamen externo, que habitualmente se encarga a algún conocido para que llegue a la conclusión que le interesa a quien le ha hecho el encargo y le paga el trabajo.

Protesta de Prou!

Tras la polémica generada por la ubicación en un paraje donde nunca antes había habido un negocio similar -por más que autorizado solo durante los meses estivales y completamente desmontable, como se puede comprobar visitando el lugar, donde no queda rastro del chiringuito, ni siquiera de los tacos para atornillarlo al suelo-, las quejas de la plataforma ciudadana Prou! que culminaron con una manifestación a la que concurrieron una exigua treintena de personas el día 9 de junio, el equipo de gobierno del consistorio josepí decidió oponerse con todas sus fuerzas al funcionamiento del quiosco. Incluso reconocieron que harían todo lo posible para ello. Y lo lograron, ahora veremos si conforme a la Ley o pisoteándola por conveniencia política.

Recordemos que las críticas por la aparición del chiringuito fueron especialmente duras ya que los actuales gobernantes acusaban hace unos años al gobierno del PP de urbanizar la costa sin ningún reparo. Ser acusados ahora ellos de permitir un chiringuito en Cala Gració era algo que había que impedir a toda costa. Y ya sabemos lo que sucede cuando se decide hacer algo a toda costa.

Pagarán todos los vecinos

Lo peor de todo esto es que si finalmente hay que indemnizar a la empresa por los perjuicios generados, lo hará el Ayuntamiento de Sant Antoni, esto es todos los vecinos. No el equipo de gobierno ni los de Prou!