Los hechos
Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central, autorizó en julio de 2017 la instalación, que cuenta con una licencia de cuatro años, es decir, hasta 2020. Por su parte, la Junta de Gobierno de Sant Antoni aprobó el 25 de abril el expediente de instalación del quiosco y los trabajos de instalación comenzaron el 15 de mayo.
Durante los siguientes días vecinos y residentes y la plataforma Prou! protestaron por la instalación del chiringuito y exigieron al Consistorio su revocación. El 18 de mayo el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que informaba de que había detectado «irregularidades» en la instalación del chiringuito de Cala Gració a raíz de una nueva revisión del expediente, lo que llevó al equipo de gobierno a paralizar su actividad, a la espera de que los técnicos municipales valoraran «nuevas actuaciones». Unos días después, el 24 de mayo, la Policía Local se personó en el chiringuito para notificar a la empresa que no podían iniciar la actividad «hasta que no se expida el certificado municipal de finalización de obras», así como todas las licencias necesarias.
El chiringuito, sin embargo, alegó no tener la obligación de presentar certificado de final de obra ya que «en ningún momento ha habido licencia de obra» y aseguraron tener informes favorables por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, el Ministeri de Medi Ambient del Govern balear y la Demarcación de Costas, hecho confirmado por un informe jurídico municipal emitido el 5 de julio.
Estos argumentos no contaron con la aprobación de Cristina Ribas, concejala de Urbanismo, quien consideró que tenían que entregar el certificado de final de obra para poder emitir el certificado municipal. «Ellos consideran que no lo tienen que presentar y ahí estamos», añadió. El 21 de julio el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma rechazó la cautelarísima y una cautelar para forzar la apertura del chiringuito, con lo que la actividad continuó paralizada.
Indemnización
Dado que los informes son favorables, las licencias y autorizaciones no fueron denegadas y la propiedad presentó la declaración responsable el 22 de mayo (para abrir el chiringuito dos días después) pero Sant Antoni nunca llegó a expedir el certificado final de obra, la empresa Bambagas S.L. reclamará una compensación por los perjucios y gastos ocasionados. Además, también exigen los costes de la empresa de seguridad que fue contratada, alegó la empresa, por una serie de «actos vandálicos» denunciados a la Policía Local y la Guardia Civil. La promotora presentó el pasado 1 de julio una querella por prevaricación por «las actuaciones de Sant Antoni en relación a la licencia del quiosco». La querella ha sido admitida a trámite y el alcalde de Sant Antoni ha sido citado para el día 25 de octubre en calidad de investigado.
6 comentarios
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Lamentable la actuación del Ayuntamiento, primero lo autorizan instalar, y cuando la empresa ya esta por abrir los políticos escuchan las quejas y... "Escuche señor que ha montado el chiringuito, que al final no le autorizo a abrir...", muy penoso. Tambien mal los servicios técnicos, cambiando de criterios. El equipo de Gobierno debería mirarse más lo que firma para no hacer el ridículo. Ahora tocará indemnizar a la empresa ya que lo tenian todo en regla... En fin... Que conste que jamás seria partidario de autorizar el chiringuito, ni me gusta, ni iría. Pero las leyes igual para todos por favor.
Tripartito style!!!!
Si hay condena por prevaricación, responden con su patrimonio y el de alguno no es pequeño.
Y por que no lo desmonta en octubre. Da x perdida la idemnizacion ?
Yo, además del chiringuito, también quiero una de las casas ilegales que hay justo a unos metros. Quiero vivir en primera linea, hacer las construcciones ilegales que me plazca y poder verter las aguas fecales a saco
Me huele que el propietario va a ganar pasta sin tan siquiera abrir,, pero bueno se lo pagaremos entre tod@s..