El Alto Tribunal no ha admitico el recurso por «falta de fundamentación suficiente», con lo que cierra el recorrido del recurso presentado a finales de 2017 contra la sentencia de la Sala Contencioso Adminsitrativo del TSJIB que, previamente, había estimado un recurso presentado por Sant Antoni que revocaba una primera sentencia que declaraba irregular la contratación de Gallardo.
Según informó Cadena SER, en el auto se indica que deben hacerse «explícitas las razones por las que se la sentencia recurrida puede resultar gravemente dañosa para los intereses generales, vinculando el perjuicio de tales intereses a la realidad con la que la sentencia del TSJ aplica su doctrina (...) No basta la mera afirmación de que el criterio de la sentencia los lesiona», se indica en el auto.
La sentencia recurrida estimaba la apelación del Ayuntamiento y revocaba el auto anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma que había estimado el recurso de Verdugo contra la contratación de Ángeles Gallardo. El tribunal desestimó el recurso interpuesto en su día por el jefe de Policía Local contra el acuerdo de pleno que el 28 de enero de 2016 aprobó la plantilla de personal del Consistorio, que incluía la creación de una plaza de director técnico de Seguridad. Verdugo había impugnado también la ficha laboral con los requisitos y funciones del puesto, y el decreto del 1 de febrero de 2016, firmado por el alcalde Pep Tur ‘Cires', en el que se autorizaba el nombramiento de Ángeles Gallardo para ese puesto como personal eventual.
Pendiente del caso de acoso
Tras este revés judicial, el jefe de la Policía Local de Sant Antoni mantiene abierto otro frente judicial ya que está pendiente de la resolución de la denuncia que interpuso contra la concejal de Governació, Aída Alcaraz.
El pasado mes de abril, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Santiago Pinsach, trasladó al Ministerio Fiscal y a la acusación particular la apertura de juicio oral contra la edil y tercera teniente de alcalde, que está siendo investigada por un delito contra la integridad moral-acoso/discriminación laboral o coacciones denunciado por Verdugo. Tras las comparecencias de los implicados y de varios testigos, el magistrado apreció indicios de delito de discriminación laboral y constató la acreditación de unos hechos objetivos desde la llegada de la denunciada a la concejalía de Governació, Interior i Protecció Civil.
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