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La propiedad del chiringuito de Cala Gració, Bambagas S. L., presentó este lunes en el Ayuntamiento de Sant Antoni un nuevo requerimiento ante la «inactividad y silencio administrativo» del Consistorio.

Según se explica en el texto, se ha «demonizado», por parte de la plataforma Prou y del Ayuntamiento, la instalación de esta estructura desmontable «haciendo alarde de que la zona es un paisaje idílico cuando no es más que una explanada producto del movimiento de tierras y material de relleno durante las obras de Enagas y la desaladora, actualmente usado como aparcamiento de coches y de caravanas».

Por ello, la empresa insta al Ayuntamiento, una vez más, a que «rectifique» su criterio, acepte su «propio» informe judicial y proceda a permitir el inicio de la actividad. «En caso contrario, la empresa se verá obligada a desmontar la instalación en breve».

Cabe recordar que el 5 de julio se emitió un informe jurídico municipal que confirmaba que el propietario cuenta con los permisos necesarios, tanto por Demarcación de Costas como por parte del Ayuntamiento y del Govern, para llevar a cabo la actividad del quiosco-bar. Ni siquiera se han revocado las licencias y autorizaciones que se dieron en su momento. El mismo informe señaló que la propiedad presentó la declaración responsable el 22 de mayo dando aviso de la apertura del chiringuito el 24 de mayo. Sin embargo, el Ayuntamiento bloqueó en apenas 24 horas su apertura diciendo que se habían encontrado «irregularidades».

Es Sant Antoni quien, de momento, no ha expedido el certificado final de obra (según dicen necesario para poder abrir el quiosco) a pesar de que debería haber estado listo el 22 de junio, un mes después de que se presentara la declaración responsable.

Reclamaciones

En el requerimiento presentado el lunes por la propiedad se recuerda al Ayuntamiento los «daños personales» causados ante la «incertidumbre» de no saber cuándo arrancará el negocio; el despido de todos los trabajadores; el «perjuicio económico» de mantener la estructura y el hecho de «perder» la temporada por no poder abrir.

En este sentido, recalcan que los costes de mantener mensualmente esta instalación están, actualmente, «por encima de los 25.000 euros». Y es que la propiedad ha tenido que contratar a una empresa de seguridad las 24 horas al día, pagando sus servicios a 25 euros la hora tras sufrir diversos actos vandálicos denunciados ante la Policía y la Guardia Civil. «Los perjuicios económicos, daños personales y morales, lucro cesante, etc, serán convenientemente reclamados por las diferentes vías judiciales», reza el escrito. Unos costes que se sumarán a los más de 25.000 euros mensuales por el mantenimiento del chiringuito.

Querella por prevaricación

La promotora presentó el pasado 1 de julio una querella por prevaricación por «las actuaciones de Sant Antoni en relación a la licencia del quiosco». Así lo confirmó el abogado de la parte denunciante, el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach. La querella, pendiente de que se admita a trámite en las próximas semanas, se dirige contra José Tur Cires, alcalde del municipio, Cristina Ribas, concejala de Urbanismo y dos técnicos municipales. «Creemos que la actitud del Ayuntamiento puede considerarse prevaricadora», apuntó Horrach.

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