El Consell d'Eivissa incorpora criterios ambientales y sociales en más de 50 contratos

El Consell d'Eivissa ha incorporado criterios medioambientales en 30 contratos y de tipo social en otros 25, según informó ayer la máxima institución insular en un comunicado en el que también detalló que este hecho se ha producido desde que el 30 de octubre de 2016 aprobase la incorporación de estos criterios en la contratación pública.
La iniciativa, según explicaron ayer, afecta a los contratos de una cuantía superior a 18.000 euros cuando se trate de ofrecer servicios y de 50.000 euros cuando sean obras. Además, se abarca de manera transversal al conjunto de departamentos de la institución.
«El Consell d'Eivissa ha sido pionero en todo el Estado en incorporar el conjunto de criterios sociales, de comercio justo, medioambientales, de género o de transparencia fiscal, como condiciones a las empresas que quieran acceder a un contrato público y a la gestión de un servicio», afirmó la directora insular de Transparència, Gloria Santiago.
Según Santiago, esto representa «un cambio importante de rumbo» ya que el criterio de contratación «ya no es únicamente la oferta económica más ventajosa, sino que se valora la mejor calidad-precio con el objetivo de favorecer un bien común, el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente».
Según el Consell, algunos contratos que han incorporado estos criterios han sido los relativos a campamentos estivales, instalaciones fotovoltaicas u obras de mejora y adecuación de las carreteras, entre otros.
Los criterios ambientales incorporados se han enfocado en aspectos como la reducción y reciclaje de residuos, la prevención de riesgos ambientales, la protección de bienes naturales o el uso prioritario del papel reciclado en impresiones. También se han incorporado cláusulas dirigidas a la eficiencia energética o a la sostenibilidad en la construcción de inmuebles. En cuanto a criterios sociales, las empresas que opten a determinados contratos con más de 50 trabajadores deberán acreditar que, por lo menos, un 2% de personas contratadas sufren alguna discapacidad igual o superior al 33%. También deberán acreditar medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras.