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La consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, justificó ayer la destitución de la hasta ahora jefa de sección del Hospital Residencia Cas Serres, Pepa Catany, y lo achacó a una «falta de responsabilidad en las gestiones» que acarrean este cargo. En concreto, indicó que el retraso en el pago de las nóminas del mes de enero «es un hecho excepcional que no debe ocurrir y que no se puede permitir». «Tramitar contrataciones o que personas se queden sin cobrar son responsabilidades directas de un jefe de sección», destacó Jurado, quien recordó que se dejaron sin tramitar un total de 50 nóminas.

Irresponsabilidad

De esta forma respondió ayer la consellera a las declaraciones que hizo Pepa Catany a Periódico de Ibiza y Formentera, en las que consideraba que había sido cesada por su apoyo a los trabajadores y los sindicatos. «Considero un hecho preocupante que se ponga en cuestión de una forma tan expuesta el servicio o funcionamiento de una residencia que es la mejor de la isla» apuntó Jurado, que también calificó de «acto de irresponsabilidad poner en duda el trabajo del resto de compañeros y del equipo de profesionales». Para la consellera, las declaraciones de Catany «están fuera de lugar» y reiteró que no pueden «permitir» que haya al frente «una persona que sea irresponsable y no responda a los criterios de responsabilidad que acarrean este puesto». En este sentido, reiteró que todos los jefes de sección «deben cumplir unos objetivos y unos criterios técnicos y si no se cumplen, no se puede seguir en el cargo». «Tiene su puesto de trabajo garantizado y no tiene mayor trascendencia», añadió la consellera, quien siguió defendiendo que el cese era una decisión «exclusivamente técnica».

Nóminas

Jurado defendió que el impago de las nóminas no fue por un problema de presupuesto, sino por «falta de gestión». Aunque Pepa Catany aseguró no ser la «responsable directa» de esta situación y justificar lo sucedido por la inestabilidad de la plantilla y falta de formación con la implantación de la Administración electrónica, para la consellera son «excusas»: «La administración electrónica se ha implantado en todos los departamentos del Consell y considero un acto de irresponsabilidad buscar esas excusas. Hay que ponerse al día». Según la consellera, el retraso de las nóminas «es una cosa más a una serie de acontecimientos» y anunció que esperan dar a conocer a su sustituto o sustituta esta misma semana. «Se espera de esta persona que sea responsable, que lleve una buena gestión y que no se acumulen problemáticas o asista a las reuniones», dejó caer la responsable de Benestar Social, quien subrayó que el departamento «cuida especialmente» este centro que «es exclusivo y da un servicio medicalizado las 24 horas».

Pepa Catany asumió el cargo de jefa de sección en marzo de 2017 cuando llevaba un año como coordinadora de Recursos Humanos de Cas Serres y tras su cese recuperará su puesto como psicóloga del Centre d'Atenció a la Drogodependència (CAT). La hasta ahora responsable de la residencia entiende que la su destitución es «una decisión política» porque su posición ha sido «demasiado incómoda» para el Consell por sus continuas reivindicaciones y por no defender a la institución ante los sindicatos. También denunció los «déficits» que presenta el hospital desde hace años y remarcó que es necesario ampliar la plantilla en cinco enfermeras, seis auxiliares y un celador más.

LA NOTA

«La plantilla es ajustada, pero se cubren los turnos»

Respecto a las críticas por la falta de plantilla o sustituciones que denuncian trabajadores y sindicatos, Lydia Jurado reconoció que la plantilla es «ajustada», pero que «se cubren los turnos; se está encima para que no queden descubiertos y no se deja de atender en ningún momento». «Si nosotros pudiéramos ampliar la plantilla que no quepa duda que se ampliaría», remarcó la consellera, que culpabilizó de esta situación a la Ley Montoro y la ley de sostenibilidad de la administración local porque «están afectando directamente a los servicios asistenciales y sociales», donde se sienten «maniatados» para prestar más servicios.

También añadió que la petición de ampliar la plantilla de los sindicatos es «muy respetable» y que están trabajando conjuntamente en un informe «para ver las ratios, ajustarlas y pelear los presupuestos».

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