Eivissa30/01/18 22:16
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El Consell d'Eivissa acogerá del 5 al 7 de febrero un curso práctico sobre la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público que ya cuenta con 160 empleados públicos inscritos de casi todo el país.
Según informaron desde el Consell en un comunicado, «el interés de la materia y la calidad de los ponentes ha hecho desbordar» todas las previsiones de inscripción que tenía la máxima institución, con peticiones de asistencia que han llegado no sólo del resto de islas sino también de otros puntos del Estado.
El curso tendrá lugar en el salón de plenos del Consell y los ponentes son Francisco Javier Vázquez Matilla, doctor en Derecho, miembro del grupo de expertos en contratación pública de la Comisión Europea desde 2015, y vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra; María Pilar Batet Jiménez, jefe del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón y profesora asociada en el departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Jaume I; y Marta Alba Pacheco, responsable de la subdirección de Contratación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
La vicepresidenta del Consell, Marta Díaz, destacó en una rueda de prensa en la que presento este encuentro que la máxima institución de Ibiza quiere «consolidar» su papel como entidad de formación de empleados públicos. En este sentido, puntualizó que el Consell quiere ser «referente» como institución en ofrecer formación de «calidad» a los empleados públicos.
Primer plan de formación
La vicepresidenta anunció además que el pleno del Consell aprobará su primer plan de formación que recogerá las diferentes acciones formativas que se harán a lo largo del año, cuando entra en vigor la numerosa nueva legislación que afecta a los empleados públicos y al funcionamiento de las administraciones públicas.
El secretario general del Consell, Víctor Almonacid, por su parte, explicó que, por indicación de la directiva europea, la nueva ley española de contratos del sector público procura aumentar la concurrencia, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas. «Se acentúan los principios de publicidad y transparencia, dentro del llamado buen gobierno y la lucha contra la corrupción, buscando, en la medida de lo posible, la profesionalización de la gestión contractual pública», señaló.
En la misma línea, aumentan el control y las garantías sobre la legalidad y la transparencia, con especial atención a las prohibiciones de contratar y las modificaciones de contratos, la generalización del nuevo procedimiento abierto simplificado y de la tramitación electrónica, entre otras medidas.