El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer que sean las asociaciones y entidades que forman parte del Consell Social Municipal -que debe ser convocado en el primer trimestre del año– las que decidan en qué se invierten los 2,7 millones de euros recaudados con la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) aprobada en 2014, que permitía legalizar viviendas fuera de ordenación a cambio de pagar una multa, y que todavía no se han utilizado.
Al finalizar el pleno, la portavoz del PP, Neus Marí, aseguró que las inversiones que hasta el momento se han llevado a cabo con el dinero recaudado por esta ley «consideramos que no no han sido muy acertadas porque hemos acabado cambiando farolas, árboles o comprando coches eléctricos, que no es el objetivo que marcaba la ley».
La primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, señaló que «todos estamos de acuerdo en que estas inversiones las tenemos que decidir entre todos y trabajaremos en la misma línea». Todos los grupos de la corporación apoyaron esta moción a excepción de Guanyem, que se abstuvo.
En cambio, el pleno rechazó una moción del Partido Popular en defensa de la presión permanente revisable, una propuesta que los populares están defendiendo en todas las instituciones del país.
Por otro lado, Guanyem retiró una moción que pretendía que se bonificara hasta con el 90 por ciento a las familias numerosas en el pago de impuestos y tasas municipales. Sin embargo, desde el equipo de gobierno socialista señalaron que la iniciativa era técnicamente imposible, por lo que instaron a Guanyem a reformular la moción. «Nuestro objetivo es que los colectivos más vulnerables se beneficien de una menor presión fiscal municipal», apuntó al concejal de Guanyem Andreu Mañas. Guanyem sí que obtuvo el apoyo de los concejales del equipo de gobierno en la moción que presentaron sobre Ahed Tamimi, la menor palestina encarcelada por abofetear a un soldado israelí.
En cuanto a la moción presentada por Alternativa Insular sobre la puesta en marcha de la escoleta de Can Nebot, la concejal de Educació, María José Guisado, señaló que todavía están pendientes de que el Consell d'Eivissa saque a licitación la gestión externa de este centro educativo, que continúa cerrado a pesar de que sus obras de construcción terminaron en enero de 2010.
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