Uno de los borradores del anteproyecto, en fase enmbrionaria según se precisa desde Conselleria de Presidència –que es la que coordina los trabajos– está siendo revisado en estos momentos por los servicios jurídicos del Consell de Mallorca. La nueva ley derogará la que aprobó el primer Pacte de Progrés (1999-2003) a instancias de Unió Mallorquina (UM) y de su entonces presidenta, Maria Antònia Munar.
El anteproyecto establece un nuevo régimen jurídico para los entes insulares que actuarán funcionalmente «como instituciones de la Comunidad Autónoma» e incorporarán los mismos sistemas de control del Govern de las Islas. Por primera vez se establece una regulación mínima del sector público instrumental de los consells y se dotan de nuevas atribuciones a los ejecutivos de cada Isla. La ley de Consells, que deja fuera su financiación, ha sido abordada en diferentes reuniones y también en la última Conferencia de Presidentes, que se celebró en diciembre en la finca de Raixa. La ley diferencia entre los órganos de gobierno, de naturaleza autonómica, y los órganos de la administración, estableciendo un mayor control sobre los primeros.
«El consell tiene que actuar como el verdadero gobierno de la Isla». Así trasladan fuentes del Consell de Mallorca a este diario la opinión de Miquel Ensenyat, de Més.
Federalismo insular
La futura ley, que suprime la Comisión Técnica Interinsular, establece mecanismos de coordinación entre los entes insulares y el Govern de las Islas. El Govern podrá coordinar el ejercicio de competencias de los consells insulares cuando estén afectados los intereses generales de la Comunitat Autónoma pero, a la vez, los consells tendrán que ser consultados. Habrá conferencias sectoriales y está prevista la figura del comisionado insular. Es lo que Francina Armengol, presidenta del Govern, suele llamar «federalismo insular». El último congreso del PSIB abundó en esta misma idea.
La elaboración de la nueva ley, que parte de la Conselleria de Presidència del Govern de las Islas, completará la arquitectura institucional de Balears. Será una de las últimas leyes que se aprueben en esta legislatura.
La ley dedica un apartado específico al Consell de Formentera, que contará con una régimen específico y que no existía cuando se aprobó la ley de 2000.
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