La manifestación celebrada en Menorca el pasado mes de diciembre, que congregó a más de 1.500 personas en contra del decreto de catalán en la sanidad, ha hecho temer a representantes del Pacte que el rechazo acabe pasando factura en las elecciones de 2019.

Un sector sustancial del PSIB y la mayor parte de los miembros de esta formación que ocupan cargos de responsabilidad en la Conselleria de Salut están en contra de aprobar el decreto que regula la exigencia de conocimientos de catalán en la sanidad. Creen que presenta dudas jurídicas y alertan de que el rechazo social que está provocando esta medida puede tener consecuencias electorales en los comicios del año que viene.

Salut está trabajando en el estudio de posibles alternativas al decreto que pasarían por dejar aparcado el borrador inicial y redactar una «instrucción» –no un decreto– mucho menos contundente, según informan fuentes del Pacte.

Estas dudas jurídicas y políticas, así como el estudio de otras alternativas, están detrás del retraso en la aprobación del decreto, que se está negociando desde junio del año pasado sin resultados positivos hasta el momento.

Fuentes del Pacte confirman, además, que en estos momentos está abierta una doble negociación. Hay contactos con el sector sanitario para tratar de consensuar una salida técnica al problema, pero simultáneamente está habiendo conversaciones de índole política entre PSIB y Més, más concretamente entre los representantes de estas formaciones en el Govern.

Reacción social

Bajo el paraguas de las dudas jurídicas hay, en realidad, temor a que el decreto del catalán en la sanidad acabe provocando tal rechazo ciudadano que se convierta en el talón de Aquiles de este Govern. En el PSIB reconocen que comenzaron a sonar las alarmas el pasado mes de diciembre, a raíz de la manifestación celebrada en Menorca en contra de esta medida, un acto que reunió a más de 1.500 personas en Maó. Temen que la cuestión lingüística comience a centrar el debate político de aquí a las elecciones, de manera similar a lo que le pasó a José Ramón Bauzá en la pasada legislatura con el TIL.

En Més reconocen que está habiendo negociaciones con sus socios para mejorar el decreto y para resolver los constantes vaivenes del IB-Salut a la hora de exigir o no el catalán en sus convocatorias, pero para los ecosoberanistas la aprobación del decreto es innegociable.

Las dudas

Mientras tanto, la Conselleria de Salut trata de sortear las dudas jurídicas que aseguran plantea el decreto. La incógnita está en cómo resolver el problema que plantean las excepciones al conocimiento del catalán. Estas dispensas tienen difícil encaje en las oposiciones que se tienen que convocar a partir de este año ya que hay que determinar una a una todas estas posibles excepciones para evitar que algunos opositores impugnen las pruebas por posible discriminación si en su caso no hay exenciones.

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Las claves

1- El Pacte modificó la ley de Bauzá hace casi dos años

La ley que volvió a convertir el catalán en requisito para acceder a la Administración se aprobó en abril de 2016, hace casi dos años, pero dejaba un margen hasta junio de 2017 para que esta exigencia se extendiera al personal. Debía aprobarse un decreto, que es el que se negocia desde junio.

2- Las excepciones que marca la ley en casos concretos

Excepcionalmente y cuando la prestación asistencial pueda resultar afectada por falta de personal o cuando se tengan que contratar investigadores o científicos nacionales e internacionales, la ley establece que las convocatorias pueden eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana.

3- Las resistencias políticas y el clima social «no favorable»

Tanto en el PSIB como en Més reconocen que se están dando enormes resistencias entre el sector sanitario y hablan de un clima social «no favorable». En el pacte se mira de reojo el ascenso de Ciudadanos en Catalunya y en toda España, un partido que en Balears ha hecho bandera de la cuestión lingüística.