El Estado recurrirá al Supremo sobre el pago de la sanidad de los presos

El TSJB resolvió la semana pasada que, puesto que el reglamento penitenciario, encomienda la manutención de los reclusos a la Administración central, a ésta también la corresponde hacer frente a la sanidad, a pesar de que estén dados de alta en la Seguridad Social. La postura del Estado es que reciben atención dentro del sistema nacional de salud y que, por lo tanto, no cabe que se giren facturas por los tratamientos, como ocurre con quien no forma parte de la red de asistencia pública.

En concreto, el pleito se inició por cinco facturas por un total de 5.966 euros que Son Espases giró a la prisión por el tratamiento de unos presos. Un juzgado de lo Contencioso dio primero la razón a la Abogacía del Estado. Ahora se revoca esa resolución.