El TSJB sentencia que el Estado debe pagar la sanidad de los presos

La sentencia apunta a que el Reglamento Penitenciario especifica que las prestaciones sanitarias a los presos incumben a prisiones y que debe quedar regulada por un convenio de colaboración entre las distintas administraciones. El conflicto surge porque en Balears no existe ese acuerdo entre las dos instituciones que regule qué ocurre cuando un recluso necesita atención especializada que no se le puede dar en el propio centro penitenciario. La sentencia señala que, aunque esta se dé dentro del sistema nacional de salud, el gasto también lo tiene que sufragar Instituciones Penitenciarias De esta manera, los magistrados apuntan a que, aunque los presos estén dados de alta en la seguridad social, prima el principio de que afronte los gastos prisiones.