La orden del juez que obliga a Vila a pagar la publicidad institucional concertada con Prensa Pitiusa se sustenta en una sentencia que señala que existen «elementos suficientes» para entender que existía un acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento y que los servicios prestados fueron asumidos por las autoridades municipales «sin reproche».
La justicia vuelve a avalar la validez de las facturas y los servicios prestados
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