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El Consejo de Estado, el órgano consultivo supremo del Gobierno, avala la prohibición de los anuncios relacionados con la prostitución en la prensa escrita. Así lo hizo saber en un informe fechado en marzo de 2011 después del encargo que le realizó el Ministerio de Igualdad sobre las posibilidades de actuación contra anuncios de contenido sexual.

El órgano consultivo indica que en tanto la prostitución es una actividad tolerada, «resulta adecuado prohibir o restringir su difusión», y añade que «su carácter hace que no deba promoverse la competencia en relación con ella o facilitarse al captación de clientela por medio de anuncios a quienes se dedican a ella».

En su estudio, el Consejo de Estado considera que la prohibición de la publicidad de la prostitución «persigue un fin legítimo» y que es una medida «razonable en cuanto a las afecciones a otros bienes constitucionales afectados y proporcional». En este sentido, el órgano consultivo propone la prohibición de estos anuncios en la prensa escrita serviría «para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños».

Es más, el ordenamiento jurídico español también avalaría esta prohibición o limitación de los anuncios de prostitución, concretamente el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su primer apartado afirma que «las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguardia de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente».

Medidas a adoptar

El Consejo de Estado tiene claro que la medida que debe adoptarse para la limitación de los anuncios de prostitución es una nueva ley distinta de la Ley General de Publicidad y que tuviera «como objeto exclusivo la prohibición de la publicidad de la prostitución». Este órgano considera conforme con el ordenamiento que la prohibición se ciña a los medios escritos porque «cuentan con una presencia relativamente amplia en la sociedad y un acceso fácil y masivo, sin restricciones de edad para su consumo». Limitar la prohibición de la publicidad en prensa escrita, según el Consejo de Estado, permitiría «impedir que extienda la idea de que la prostitución es una actividad lícita equiparable a cualesquiera otras cotidianas, ignorando su carácter de reprobable».

No obstante, señala que corresponde al Gobierno determinar el alcance de la prohibición de publicar anuncios de prostitución. En este sentido, los ponentes del informe consideran que esta prohibición o limitación –que todavía ningún gobierno se ha atrevido a llevar a cabo– podría extenderse a otros medios de comunicación como internet o la televisión. En este último caso apuestan por extender los horarios de protección que actualmente rigen en este medio y que se ciñen al horario infantil.

EL APUNTE

La autorregulación de los medios no ha funcionado

El estudio del Consejo de Estado constata que la autorregulación por parte de los medios de comunicación como instrumento para prohibir la publicidad de la prostitución ha sido insuficiente ya que entonces sólo tres medios (La Razón, Público y Avui) habían suprimido los anuncios de contacto de sus páginas.

Además, también avisa que con la adopción de otras medidas como la limitación de subvenciones públicas a los medios que publiquen anuncios de prostitución también podría ser insuficiente. Una propuesta que, precisamente, el grupo municipal EPIC en el Ayuntamiento de Vila propondrá en el pleno que se celebrará mañana en Can Botino.

El Consejo de Estado considera que los anuncios de servicios sexuales contienen imágenes y mensajes «que atentan contra la dignidad de la mujer» y que «implican un trato vejatorio y degradante».

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