La concejala de Alternativa Insular, Encarna Castro, explicó que se podían acoger a esta medida tras la aprobación en junio del Plan de Actuación para la Ampliación de la Red Pública de Servicios Sociales, que incluye actuaciones en infraestructuras sociales comprendidas entre los años 2017 y 2020. Con este plan, el Govern contempla una inversión total de 35,8 millones de euros que incluye actuaciones en 22 infraestructuras por todo el territorio, ya sea en nuevos centros o reformas, y la creación de 566 plazas nuevas de residencia.
Sin residencias
Castro apuntó que en Sant Josep no hay ninguna residencia, por lo que hace aún más «necesaria» su construcción y apeló a la «voluntad política» para conseguir esta infraestructura. La propuesta contó con el apoyo también del PP, aunque la portavoz del PP, Neus Marí, recordó que la planificación que hace el Govern de las plazas no es por municipios sino a «nivel insular» y que son los que deben decidir qué tipo de características tiene que tener el nuevo centro.
El pleno también ratificó ayer el acuerdo de disolución y extinción del Consorcio de Reconversión Territorial y Paisajística que se creó en 2008. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Agustinet, explicó que la decisión se tomó el pasado 13 de septiembre por la Junta Rectora del Govern después de que el consorcio haya dejado de funcionar.
Según detalló, este consorcio se creó para compensar a los propietarios afectados por la ley 4/2008 de medidas urgentes que consideraba como áreas protegidas las zonas de Benirràs, Punta Pedrera, Roca Llisa y Cala d'Hort, con el objetivo de trasladar posibles indemnizaciones o derechos urbanísticos de un lugar a otro y, en el caso de no funcionar, acordar indemnizaciones con los propietarios de los terrenos. Agustinet aseguró que en estos nueve años no se ha hecho firme ninguna reclamación, por lo que a partir de ahora «los derechos y obligaciones pasan a manos del Govern».
El concejal del PP, Javier Marí, criticó que en este tiempo no se ha hecho «absolutamente nada» y aseguró que el consorcio «es un ejemplo más de la política territorial del gobierno del Pacte». «En 2008 se hizo un gran anuncio y mucho bombo con grandes titulares y ahora se da carpetazo porque no ha servido para nada», lamentó Marí, quien recordó que la protección del territorio «está muy bien, pero hay que pagarla». «Como lleguen aquí las demandas que han caído en Menorca, donde se están pagando indemnizaciones millonarias, no levantamos cabeza», resaltó.
Guanyem
Por su parte, el portavoz de Guanyem, Fran Ramírez apuntó que es «lógico» deshacer el consorcio porque «no se ha hecho nada» y aseguró que «la política territorial en los últimos años, independientemente del color político, deja mucho que desear». Además, criticó al equipo de gobierno por no aplicar «medidas contundentes» para apostar por un desarrollo territorial sostenible y aseguró que la defensa del territorio por parte del PP «es nula». En su discurso, Ramírez aseguró que estamos ante una «crisis ambiental» y animó a los grupos políticos a hacer un debate sobre «decrecimiento urbanístico».
Agustinet asumió las críticas de Guanyem aunque no aceptó las «lecciones» del PP, al que acusó de «los mayores desastres urbanísticos más grandes de este municipio».
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