Por su parte, el socialista Vicent Torres Benet se mostró satisfecho porque con este impuesto se paguen dos proyectos como la reforma del paseo marítimo de ses Figueretes y la remodelación del paseo de la bahía de Portmany. Además, Benet destacó que en la convocatoria de 2016 Ibiza recibió más dinero del que le tocaba y que, al contrario que este año, obtuvo más fondos que Menorca.
Por otro lado, Gian di Terlizzi (Podemos) criticó que se utilice el dinero del impuesto sobre el turismo sostenible «en hacer paseos marítimos porque no se compensan los efectos negativos del turismo de masas» y destacó la financiación para un proyecto de recuperación del campo, que fue presentado por el Consell d'Eivissa. «Después de limitar mucho la edificabilidad del campo y de reducir el valor de las tierras, debíamos compensar a los payeses de alguna manera, que son los grandes paisajistas de esta isla», apuntó el podemita.
Carmen Ferrer también quiso resaltar «la lástima de que se pierdan tantos millones y en los proyectos haya una escuela náutica en no sé qué pueblo por 20 millones y aquí los ayuntamientos tengamos que adelantar al Govern el dinero para hacer centros educativos».
Jesús Rumbo, que también participó en el debate, resumió el asunto en que «una vez más, los mallorquines nos la meten por detrás y utilizan a los menorquines para nivelar la balanza porque ellos han sido siempre su perrito fiel».
En el debate televisivo también se puso sobre la mesa la polémica por la presencia o no de los políticos en actos religiosos u organizados por fuerzas y cuerpos de seguridad, como sucedió el pasado 12 de octubre con la ausencia de los alcaldes de Vila y Sant Josep en los actos organizados por la Guardia Civil para conmemorar el día de su patrona.
Para Di Terlizzi, cada político «debe escoger. Es importante en un estado laico marcar la separación entre la Iglesia y las instituciones públicas y no veo ninguna necesidad que los cargos públicos vayan a actos religiosos». El podemita también explicó que los miembros de su formación no asistieron a la celebración de la Guardia Civil por «los últimos acontecimientos en Cataluña y los abusos policiales que mancharon el nombre de España en todo el mundo había que dar un señal».
Por el contrario, desde el Partido Popular señalaron la ausencia de cargos políticos en estas celebraciones supone un desplante y que los representantes políticos del PP sí que asisten a los actos religiosos «porque creemos que las instituciones públicas tienen unos deberes y unas obligaciones de recoger estas invitaciones y vamos por respeto a la institución», apuntó Carmen Ferrer.
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