El PP propone crear en Ibiza un registro público de pymes y autónomos para evitar favoritismos

Con esta propuesta, los ‘populares' quieren que el Ayuntamiento publicite sus necesidades de productos y servicios cuando se trate de contratos menores, especificando el tipo de producto o servicio que se precisa, así como el plazo para la presentación del mismo. Posteriormente, el Consistorio deberá utilizar este registro a la hora de adjudicar este tipo de contratos menores.

Tal como explican los concejales del Partido Popular, hay trabajos o suministros que, por la urgencia o la escasa cuantía de los mismos, hacen que los procedimientos habituales de contratación sean poco eficaces o directamente inviables. Para este tipo de contratos, existe la fórmula legal del contrato menor, pensada para conseguir unos procedimientos más simples y rápidos. Los contratos menores se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y estos servicios tienen un máximo de 50.000 euros para los contratos de obras y de 18.000 euros para el resto de contratos.

Sin embargo, los ‘populares' han advertido de que son demasiados los expedientes que llegan al Pleno con facturas que deben abonarse con notas de objeción de la Intervención municipal y que PSOE y Guanyem han convertido un procedimiento “excepcional” en “algo habitual”. Las facturas con nota de objeción son “pagos que se realizan por orden escrita y directa de los concejales, con informe contrario de los técnicos de la Intervención”. Este proceder de la coalición de gobierno “incumple -a juicio de los concejales del Partido Popular- cualquier gestion pública que quiera ser transparente”.

Según los ‘populares', la creación de un registro público de Pymes y autónomos contribuiría a evitar la parte perniciosa de los contratos menores, ya que todas las empresas podrían acceder a la oferta, “incrementando así la objetividad en el procedimiento y eliminando posibles favoritismos o redes clientelares”.

En los informes de disconformidad emitidos por la Intervención en todos los casos se indica que no se tramitó la correspondiente aprobación de los gastos facturados y que no consta expediente de contratación ni acuerdo de aprobación previos a la realización de los suministros o servicios facturados, por lo que se incumple el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.