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Solicitando la nulidad de todo el proceso por la vulneración de derechos fundamentales. Así arrancaba ayer por la mañana el juicio contra el promotor alemán Matthias Kühn y el constructor Guido Hecker, sentados en el banquillo de los acusados por sendos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por unas obras realizadas en el islote de Tagomago. La petición fue realizada por el exfiscal Pedro Horrach, quien ayer reaparecía en una sala de vistas para ejercer, esta vez, como abogado defensor de Matthias Kühn. A la petición se sumaba y ampliaba, acto seguido, Carlos Barceló, letrado del otro acusado, Guido Hecker.

«Este proceso es una expedición de pesca: a ver si encontramos algo al señor Kühn». «Estamos aquí por un informe realizado por un técnico que es parte y perito al mismo tiempo, totalmente subjetivo y parcial». Son algunas de las manifestaciones realizadas por los letrados de la defensa en unas cuestiones previas que se prolongaron más de 40 minutos y que tuvieron respuesta desde el Ministerio Fiscal. «No compartimos que esto sea una caza de brujas porque el señor Hecker no es conocido», subrayó la representante del Ministerio Público.

Acto seguido la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza dio la palabra a los acusados. Tanto Kühn como Hecker se acogieron a su derecho a no declarar, dando paso a un nuevo pulso entre defensa y fiscal, quien logró formular las preguntas para que quedasen «consignadas». Tras este paso, arrancaron unas testificales que se prolongaron durante más de 4 horas y media con el foco puesto en una de las últimas declaraciones, la de Cristian Ruiz, exjefe de sección de Xarxa Natura 2000. Ruiz estuvo en el cargo hasta 2011 y realizó un informe que remitió a la Fiscalía en agosto de 2012. Explicó que lo hizo a petición del juez instructor, pero las defensas desacreditaron su acción ya que «era parte y perito, sin haber jurado como perito».

Durante su declaración, Ruiz apuntó que impulsó un informe de 30 hojas a la Fiscalía porque encontró en su departamento un expediente con cinco denuncias por las obras realizadas en Tagomago. «Había obra nueva dentro y fuera de la vivienda. Habían arrasado una extensión notable con tala de sabinas y deterioro del paisaje con afectación a la fauna y la flora», subrayó Ruiz, quien recordó que Tagomago es un espacio protegido desde 1991. En su relato subrayó que se afectó el estado de especies como el Halcón de Eleonora o la Pardela balear.

Desde las defensa hicieron hincapié en que toda la denuncia se fundamenta «en un informe realizado por un biólogo -en referencia a Ruiz- con una gran falta de imparcialidad y rigor». En este sentido, Horrach advirtió que el informe hace referencia a especies que no figuran en el catálogo balear o al valor etnológico y arqueólogico de una vivienda que data del 1991. En este punto, Horrach y Ruiz, quien declaró por videoconferencia desde Palma, mantuvieron otro rifirrafe que fue atajadado por la jueza Martina Rodríguez. El exfiscal calificó de «nimias» las obras realizadas en Tagomago y que su cliente trató de regularizarlas en el Ayuntamiento de Santa Eulària. Asimismo, Horrach y Barceló subrayaron que Ruiz llevó el caso a los juzgados meses después de que la comisión balear de Medio Ambiente informase favorablemente la legalización de las obras. «Estamos aquí por un muro, una pasarela y una terraza de 40 metros cuadrados y por una denuncia que se reactivó después de que fuese inicialmente sobreseída», señalaron los abogados de la defensa.

La Fiscalía sostiene que Kühn y Hecker son responsables de delitos medioambientales y urbanísticos por unas obras que se llevaron a cabo en 2008.

La acusación pide que las obras sin licencia sean demolidas y se restituya el lugar a su estado original bajo la supervisión de servicios técnicos del Ayuntamientos de Santa Eulària y de la Conselleria de Medio Ambiente.

Minutos antes de las 15 horas, la titular del juzgado de los Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, dejó el caso visto para sentencia.

LA NOTA

La Fiscalía mantiene su petición

Dos años de prisión, 10.800 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para la profesión de promotor. Es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para Matthias Kühn por una serie de obras realizadas sin licencia en el islote de Tagomago. Kühn se sentó en el banquillo de los acusados junto al responsable de la obra, Guido Hecke, quien se enfrenta a dos años de cárcel y 16.200 euros de multa. A los dos acusados se les imputa un delito contra la ordenación del territorio recogido en el artículo 319.1 del Código Penal y un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del artículo 325 del mismo Código.

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