Matthias Kühn en barca junto a la playa Pou des Lleó, en una imagen de archivo.
Dos años de prisión, 10.800 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para la profesión de promotor. Es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para Matthias Kühn por una serie de obras realizadas sin licencia en el islote de Tagomago. El empresario alemán se sentará el jueves en el banquillo de los acusados. El juicio se celebrará en el juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza y el foco mediático también estará presente en la bancada de la defensa, ya que Kühn estará defendido por Pedro Horrach, el exfiscal anticorrupción de Balears que impulsó el caso Nóos junto al juez Castro.
Kühn se sentará en el banquillo de los acusados junto al responsable de la obra, Guido Hecke, quien se enfrenta a dos años de cárcel y 16.200 euros de multa. Hecke estará defendido por el letrado Carlos Barceló.
A los dos acusados se les imputa un delito contra la ordenación del territorio recogido en el artículo 319.1 del Código Penal y un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del artículo 325 del mismo Código.
Las obras se llevaron a cabo entre diciembre de 2007 y julio de 2008 y consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados de zonas adyacentes a la vivienda, de los que 40 metros corresponden a la construcción de una rampa de piedra seca junto a la piscina. El resto se corresponden a una zona de baldosas dividida en dos niveles, unidos por una escalinata de cinco escalones y a una terraza embaldosada que bordea la parte posterior de la vivienda. El escrito de acusación también recoge la construcción en la parte trasera de la vivienda principal de un camino de piedra y cemento de cerca de 1,50 metros de ancho y 20 metros de largo que une esta parte de la vivienda con las construcciones que albergan los aparatos de aire acondicionado.
Asimismo se construyó otro camino empedrado de unos 80 metros de longitud, que une la vivienda con el camino del faro donde antes únicamente existía un cambio de tierra. Además, se aumentó la altura de la edificación destinada a proteger el grupo electrógeno y la construcción, en la zona del puerto del islote, de una caseta de piedra y cemento en cuyo interior albergaba un motocarro.
La acusación pública destaca que los acusados llevaron a cabo, «sin ninguna autorización», movimientos de tierra con la consiguiente extracción y retirada de la cubierta vegetal.
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