El GEN, en boca de su presidente, Joan Carles Palerm, confirma parte de sus iniciales sospechas: «Ya tenía pinta de que podía haber alguna cuestión no clara en aquellas licencias. Nosotros, en más de una ocasión, pedimos información al Consell de Formentera y nunca la recibimos. Finalmente, nos respondieron que parte del expediente se había perdido y que había información que no nos podían suministrar». Aún así, los ecologistas no llevaron el asunto a los tribunales porque «sabían que había un recurso presentado por un particular», comenta su portavoz, para el que la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, TSJIB, «viene a decir que estas licencias se estaban concediendo en su día sin seguir la normativa y no eran acordes a lo que es un expediente normal». Palerm se extraña de que el tribunal no haya anulado las licencias «sino que diga que se ha de reiniciar el proceso para subsanar las cosas que no se han tramitado correctamente cuando la normativa dice que una licencia tramitada de manera incorrecta es nula de pleno derecho». Para el GEN, el tribunal debería anular completamente las licencias y «a partir de aquí, y con los cambios normativos posteriores, en esta zona no se podrá dar nunca una licencia», concluye su portavoz.
Para los populares de Formentera, por su parte, la sentencia demuestra «el amiguismo y el urbanismo a la carta que existe en Formentera, que parece que a los grandes se les pone alfombra roja y la gente menos influyente y menos poderosa tiene toda clase de trabas y obstáculos en el Consell de Formentera», asegura su presidente José Manuel Alcaraz, para el que la sentencia del TSIJB no es ninguna sorpresa. «Ya eran unas licencias que se concedieron con todo un escándalo que surgió en su momento porque en su aprobación inicial el Consell había prohibido construir en zonas ANEI y a raíz de que había toda una serie de personajes en esta isla, propietarios de grandes multinacionales, que tenían intereses en estas zonas y licencias pedidas, el Consell al cabo de un año cambió esta normativa e hizo una transitoria a la norma territorial para que toda esta gente pudiera construir», apunta Alcaraz. Entre estos propietarios, asevera Alcaraz, están los dueños de Mango y Ferrovial: «Queremos saber las relaciones que tiene el president del Consell con estas personas, si se ha reunido con ellos y qué tipo de privilegios han tenido para hacer sus casas. Asimismo, queremos saber por qué el Consell se ha saltado su propia normativa». Alcaraz apunta que cinco meses atrás pidió la copia del expediente de estas licencias de adjudicación de estas casas. «El Consell tiene 15 días para contestar y a día de hoy aún estamos esperando alguna respuesta. Queremos conocer al detalle este expediente porque queremos saber si la casa se ha hecho según constaba en la licencia de obras. También queremos disponer de todo el historial de propietarios de esos terrenos y tener claro si ha habido algún error, tal y como ha detectado el TSJIB en la licencia otorgada y después sacar nuestras propias conclusiones», asevera Alcaraz.
Mientras tanto, Leo Stöber espera noticias desde Barcelona y explica que estudiaría la posibilidad de pedir el derribo de las casas edificadas en Punta Gavina, lo que supondría un importante y millonario varapalo para las arcas del Consell Insular de Formentera. Por su parte, desde la máxima institución insular de la pitiusa menor rechazaron ayer hacer declaraciones sobre este tema.
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