Sant Antoni pedirá al Govern que endurezca la Ley de Actividades

«La ley 7/2013 dividió por seis el importe de las sanciones hasta entonces aplicables y supuso la desaparición de resoluciones expeditivas como el cierre de aquellas empresas que incumplieran», señala la propuesta, que recuerda que, como consecuencia, los ayuntamientos «ven frustradas sus posibilidades de actuar con toda la contundencia debida mientras se multiplican las situaciones en las que prima la actividad empresarial pese a la generación de molestias, daños medioambientales o insalubridad».

PSOE, Reinicia y PI consideran que la aplicación de esta ley ha generado una situación de superioridad del infractor frente a la Administración por lo que solicitan que se recuperen el importe de las sanciones y la capacidad de intervención que la ley 16/2006 (predecesora de la 7/2013) contemplaba. Aquella norma señalaba sanciones de hasta 6.000 euros por infracción leve, hasta 60.000 por grave y hasta 600.000 por muy graves, explicó ayer el Consistorio.