Según la entidad, prácticamente en todas las playas se registran excesos por parte de los concesionarios de hamacas y parasoles, además de por quienes alquilan camas balinesas.
«El exceso de ocupación de estos elementos convierte la playa en una zona semiprivatizada de hecho, agravado por la circunstancia de que en la mayoría de beach clubs existe una vigilancia de personal propio que intimida con su presencia a los ibicencos y residentes que quieren disfrutar también de la playa.
No sólo la ocupación de espacio físico preocupa a Prou, sino también el hecho de que se den casos, como en Cala Llentrisca, donde un vigilante privado trata de impedir el acceso al mar», según explicaron. Los miembros de la junta directiva de Prou reunidos con Simarro se han interesado por las denuncias formuladas desde la plataforma sobre irregularidades en el litoral y, sobre todo, las relativas a Porroig, Cala Llenya y Cala Mestella, donde se localizaron numerosas construcciones que podrían ser ilegales. Los integrantes de Prou también han pedido explicaciones a Simarro por la denegación de un permiso al colectivo de jubilados de Sant Carles para visitar Tagomago y disfrutar de una actividad lúdica.
1 comentario
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Bravo por fin alguien se preocupa de lo que nadie denunciamos.