«Los hogares en los que menos se está percibiendo la recuperación económica son precisamente aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis, es decir, hemos empobrecido la pobreza, los más pobres siguen empobreciéndose aunque se note una ligera mejoría en los que más posibilidades tienen», ha señalado el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, este jueves 22 de junio en rueda de prensa en Madrid. Al mismo tiempo, ha apuntado que al menos han conseguido frenar la extensión de la pobreza.
El estudio, basado en una encuesta a 1.300 hogares de toda España, mide 17 indicadores para tejer la «red de seguridad» de los hogares españoles, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras y constata que la mitad de las familias (50,1 por ciento) tienen un «colchón» peor que en la situación 'precrisis', mientras que en el 42,3 por ciento se mantiene igual y en un 7,6 por ciento, ha mejorado.
En concreto, el informe revela que casi el 60 por ciento de las familias vive sin nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses o sobrevivir a una nueva crisis económica.
Además, de los datos se desprende que en más del 40 por ciento de los hogares ha empeorado también su capacidad para hacer frente a necesidades de salud que no están cubiertas por el sistema nacional de salud, para pagar refuerzos educativos a los hijos o para tener una semana de vacaciones al año fuera de su domicilio.
El director del Comité Técnico de FOESSA, Francisco Lorenzo, ha puesto de manifiesto el «trapecio de precariedad» en el que viven muchas familias españolas y aunque ha reconocido que hay indicadores que han mejorado, ha advertido del riesgo de dejarse llevar por ese enfoque porque, en realidad, las familias con renta más débil son «las que más están tardando en percibir la recuperación».
El estudio también investiga cuáles son los componentes básicos de la red de protección con la que cuentan estos hogares y revela que la familia y los amigos se han convertido en el apoyo más fuerte para el 70 por ciento de ellos. Si bien, en el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, la mitad no contaría con este apoyo de familia y amigos ante una necesidad de ayuda.
En cuanto al apoyo formal e institucional, los datos muestran que ante las situaciones de gravedad, el 57,8 por ciento de los hogares españoles confía más en la respuesta de las organizaciones sociales que en los Servicios Públicos. En todo caso, Cáritas advierte de que las ONG no pueden sustituir a las administraciones públicas.
La vuelta a casa de los hijos
Ante esta situación, las familias han adoptado algunas estrategias, según se desprende del informe, como reducir el consumo energético -un 70 por ciento han reducido las horas de calefacción o aire acondicionado-; aceptar condiciones laborables poco deseables -en un 29 por ciento de los hogares, algún miembro ha aceptado un puesto sin contrato-; o reducir gastos en el pago de la vivienda -un 15,6 por ciento se han mudado a una casa más barata y en 1,5 millones de hogares se ha producido la vuelta a casa de algún hijo-.
A pesar de estas cifras, Mora ha lamentado que «los pobres y excluidos no están en el debate público» y están siendo «invisibilizados». «Somos una sociedad que ha bajado los brazos, que ha perdido tensión en la lucha contra la pobreza, hemos normalizado que la gente lo pase mal», ha avisado.
Precisamente, en relación a esta «normalización» de la pobreza, el informe advierte del peligro de «acostumbrarse a la precariedad». En este sentido, el 47,1 por ciento de los hogares encuestados cree que dentro de cinco años estará igual que ahora, frente a un 26,4 por ciento que prevé que empeorará su situación y un 19,9 por ciento que piensa que mejorará. Además, el informe pone de manifiesto una «desconfianza» de estas familias en la participación social, hasta el punto de que el 75,6 por ciento considera que votar no sirve.
Si bien, Mora ha precisado que no quieren ser pesimistas sino hacer un llamamiento a la esperanza porque consideran que si hay voluntad política y ciudadana, se puede cambiar esta situación.
En concreto, el secretario general de Cáritas ha pedido al Gobierno que priorice las políticas de lucha contra la pobreza y, entre las medidas que podrían adoptar, ha insistido en la propuesta de Cáritas de una garantía de ingresos para los 200.000 hogares que no reciben ninguna renta. Requeriría una inversión de 3.000 millones de euros y, para Cáritas, sería «una solución factible y a corto plazo» para reducir la pobreza.
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