El dinero que la máxima institución insular debe a los expropiados por las obras de la carretera de Sant Miquel supone el 30 por ciento del valor total de las expropiaciones, un dinero que se paga una vez se han terminado los trabajos y se ha realizado el recuento definitivo de la superficie afectada. Este proyecto viario afectó a un total de 150 fincas y el Consell espera empezar a pagar su deuda este mismo ejercicio.
El presupuesto inicial para la reforma de la carretera de Sant Miquel y la construcción de un carril bici fue de 12 millones de euros que, al final, aumentaron hasta los 15,2 millones por los imprevistos relacionados con el hallazgo de restos arqueológicos y desajustes en las mediciones de los servicios de electricidad y telefonía.
La máxima institución insular también debe dinero de las expropiaciones por la reciente reforma y ampliación de la carretera de Sant Joan, concretamente 515.000 euros que, con en el caso de la carretera de Sant Miquel, también supone el 30 por ciento del total del valor de las expropiaciones, que han afectado a 211 fincas. El Consell pretende empezar a pagar este dinero en 2018.
Los trabajos de ampliación de la carretera de Sant Joan se iniciaron en octubre de 2014 con un plazo de ejecución de 16 meses (la carretera se abrió definitivamente al tráfico tras 20 meses) y un presupuesto inicial de 10,9 millones de euros, unas cifras que subieron en más de un millón por las incidencias registradas durante las obras, como la aparición de restos arqueológicos o el hallazgo de una cueva de murciélagos protegidos que obligó a cambiar el proyecto inicial en el cruce con la carretera de Portinatx.
LA NOTA
El departamento de Mobilitat, uno de los más polémicos
El departamento de Mobilitat del Consell d'Eivissa es uno de los que más desgaste está sufriendo esta legislatura por las polémicas desatadas durante los primeros dos años de mandato. Los dos socios de gobierno, PSOE y Podemos–Guanyem, discreparon sobre la magnitud y la necesidad del proyecto para desdoblar la carretera de Santa Eulària y el Consell llegó a convocar un pseudoreferéndum para conocer la opinión de los ciudadanos que, mayoritariamente (más de un 80% de los votos emitidos), se mostraron a favor del proyecto. Además, la oposición ha pedido la dimisión de la consellera Pepa Marí por su gestión del proyecto de la travesía de Jesús, que sigue acumulando deficiencias tras varios intentos de arreglo.
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