«La sanidad pitiusa está bajo mínimos y nos enfrentamos a cuatro meses muy duros»

—El CSIF tenéis una implantación mayoritaria en la administración pública. Los frentes abiertos son muchos. Estos últimos días el foco está especialmente puesto en los problemas de atención sanitaria...
—La sanidad pitiusa está bajo mínimos de efectivos y hay casos extremos como en radiología, anestesistas y médicos de urgencias, donde los mínimos no llegan a cubrir las plantillas que se exigen por ley. De cara al verano hay varias bolsas de trabajo agotadas y se encontrarán problemas muy graves para cubrir descansos vacacionales en servicios como médicos de familia, pediatras, médicos de urgencias, matronas, enfermeras y auxiliares de enfermería. Nos enfrentamos a cuatro meses bajo mínimos.

—¿A qué achacáis este desalentador panorama?
—Este hecho nos tememos que implicará una sobrecarga para los profesionales que tendrán que doblar servicios. Es un auténtico despropósito tener que doblar turnos por una mala gestión. No es de recibo.

—Entre los problemas que acucian a todos se encuentra el de la vivienda...
—La falta de viviendas y los elevados alquileres que se reclaman en Ibiza y Formentera es un problema que afecta a todo el mundo. Estamos ante un problema de enormes dimensiones y efectos colaterales terroríficos. Es un factor que está provocando una fuga masiva de profesionales, dejando un déficit de personal cualificado en las islas.

—¿Cómo valoráis medidas como que el personal sanitario tenga que pagar para alojarse en la residencia de Can Misses?
—No deja de ser un parche ante este mal endémico que es la falta de vivienda. Esto no pasa porque se tenga dos meses a una persona en condiciones relativas, aún siendo un precio simbólico. Aquí todo pasa porque se reconozca la indemnización por residencia lo que daría lugar a poder hacer frente a los desorbitados precios de los alquileres. Es más, no olvidemos que hay otros colectivos con el mismo problema y que no tienen la ‘suerte' de poder al menos arrancar en unas dependencias de características similares. Algunos trabajadores deben renunciar a su plaza al no poder hacer frente al pago de una habitación hasta que encuentra una vivienda en la que poder residir.

—Huida de profesionales que afecta a la seguridad por la marcha o renuncia al destino en Ibiza en las fuerzas de seguridad...
—Así es. El CSIF está presente en la plataforma de sindicatos policiales que desde hace unos meses venimos reclamando una equiparación con los funcionarios de las islas menores de las Canarias. Es una petición extensible para todos, ya que los trabajadores públicos de Ibiza y Formentera nos sentimos discriminados. Se trata de una reivindicación histórica y ha llegado el momento de decir basta a los agravios. Hemos mantenido ya varios contactos y hemos trasladado nuestras reivindicaciones al presidente del Consell, Vicent Torres, a los grupos parlamentarios Podem y Ciudadanos. Estamos pendientes de los Presupuestos Generales y en la agenda tenemos previsto reunirnos con el PP, el PSOE y el director insular.

—¿Sois optimistas?
—Entendemos que es una reclamación más que justa y la Administración Central no puede seguir haciendo oídos sordos a una situación que es discriminatoria hacia los empleados públicos de las Pitiusas. El Gobierno tiene que tener presente que seguiremos reivindicando y reclamando una corrección a una injusticia que está comportando una fuga masiva de personal, especialmente entre los cuerpos policiales.

—El sector de la educación tampoco está exento de problemas...
—Los docentes, al igual que el resto de sectores, tienen el problema de la vivienda, pero en la enseñanza también tienen sus problemas específicos, entre ellos, la falta de intérpretes del lenguaje de signos. Durante este curso, los alumnos con deficiencia auditiva de Ibiza y Formentera han tenido este apoyo durante horas puntuales ya que no se han contratado a estos especialistas. Desde el CSIF exigimos que estos alumnos tengan este recurso durante toda la jornada lectiva. Se trata de una necesidad para la formación de estos menores.

—Y los problemas se multiplican en la administración de justicia, especialmente desde la implantación de la conocida como Justicia Digital...
—La valoración del primer año de implantación de la Justicia Digital es nefasta. La idea del Ministerio de Justicia era eliminar el soporte papel y podríamos decir que estamos igual que el primer día o peor. No deja de sorprender que transcurrido un año, con los experimentos que se han hecho tomando como espejo otras administraciones, la Justicia vaya a remolque. Los defectos que se están dando conllevan que el personal se esté quemando, ya que prácticamente a diario se sufren fallos en el sistema que echan por tierra la labor de los profesionales. No deja de sorprendernos que algo tan simple como sería invertir en un servidor con capacidad para asumir la carga de información no se haya hecho todavía, ni se vislumbre que lo vayan a hacer. Está claro que este Ministerio no va a inyectar dinero. Desgraciadamente, no lo vemos por la labor.

—Es un problema que afecta a los territorios que dependen del servidor central y que en Ibiza se agrava por la ausencia de un servidor propio.
—Llevamos un año reclamando soluciones. Realizamos concentraciones y hemos trasladado a los organismos competentes nuestra queja. Está claro que el Ministerio es conocedor de los graves problemas y debe entender que este pésimo funcionamiento afecta a los profesionales de la justicia, pero también al administrado y a toda aquella persona que acude a los juzgados.

—El caso es que hay varios problemas de incompatibilidades.
—Así es. No es de recibo que en una misma administración haya diez programas diferentes como gestión de trabajo y algunos de ellos incompatibles entre sí. Los juzgados trabajamos con el programa Minerva y la Fiscalía con Fidelius y ambos son incompatibles. Esto es inexplicable. El conocido como ‘Papel 0', a día de hoy, es una utopía. Hay muchos, miles de asuntos que aún están vivos y hasta que no estén resueltos seguirán estando los documentos sobre las mesas o armarios de los trabajadores.

—Y de la futura Ciudad de la Justicia tiene alguna nueva información...
—En su día decían que iba a ser una realidad para el 2019. Visto cómo avanzan las obras entendemos que los plazos no se van a cumplir, el solar está prácticamente igual que el primer día. Estamos hablando de una obra importante y, desgraciadamente, tenemos serias dudas de que en 2019 esté operativa la nueva sede judicial. En su momento dijimos que hasta que no viésemos puesta la primera piedra no nos lo creeríamos y ahora esperaremos a la colocación de la última piedra para certificar que tenemos nuevo edificio judicial.

—Un edificio que es una necesidad...
—Efectivamente. Las instalaciones actuales se han quedado obsoletas y desde hace años hacen falta más juzgados. La creación de un quinto juzgado de Primera Instancia es una reclamación de hace años. La carga de trabajo en los juzgados de Instrucción es tremenda y los problemas se multiplican en verano. Continuamente estamos pidiendo al Ministerio de Justicia que la totalidad de la plantilla realice el servicio de guardia, pero no dan respuesta a nada.

EL DETALLE

«El CSIF no tiene ninguna vinculación política y el reto es seguir creciendo»

—En unos tiempos complicados para el movimiento sindical, ¿cómo está su organización?

—El CSIF está más fuerte que nunca. Somos la primera fuerza en las Pitiusas en el sector de la administración pública, con cerca de 90 delegados. Nosostros vamos a seguir trabajando y el objetivo es seguir creciendo y participando en procesos electorales, también en el ámbito privado, en aras de defender los intereses generales de todos los trabajadores.

—UGT y CC OO siempre han estado relacionadas con las fuerzas de izquierdas, el CSIF tienen alguna afinidad política...

—Como sindicato independiente que somos nos debemos a los afiliados. En CSIF no tenemos vinculación política alguna. Trabajamos por y para los trabajadores de la función pública y del ámbito privado en los sectores donde tenemos representación.