Los populares quieren además que se incluya una cláusula para reservar un cupo de estos pisos para el personal de la Administración General del Estado con el objetivo de «dar estabilidad a las plantillas de funcionarios públicos de Eivissa».
Según señalaron desde el PP en un comunicado, el convenio, firmado en agosto de 2010, preveía la construcción de un parque de 10 hectáreas y el desarrollo de otras 7 para la construcción de estas viviendas de protección oficial. El acuerdo consistía en la cesión de estos terrenos de propiedad municipal al Gobierno central para que, a través del Sepes, se financiaran y ejecutaran las obras de urbanización con un coste estimado de doce millones de euros.
Convenio caducado
«Transcurridos casi siete años desde entonces, el convenio ha caducado y parece que el actual equipo de Gobierno no tiene intención de renovarlo», aseguraron los populares, quienes apuntaron que el Sepes llegó a convocar incluso un concurso de ideas para diseñar el parque urbano. A juicio de los populares, la creación del parque público permitiría «una mayor cohesión social y territorial en toda la ciudad y daría respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Ca n'Escandell».
El PP destaca que, dentro de los objetivos para la revisión del Plan General, se indica que el destino de los 170.000 metros cuadrados de suelo del Sector 12 es «dotar de espacios libres y equipamientos a la zona de Ca n'Escandell y al conjunto de la ciudad de Ibiza» y que la Memoria de Ordenación incluida en el PGOU aprobado inicialmente señala que «los grandes parques que se proponen, el Prat de Vila y Ca n'Escandell, cubre necesidades sociales y al tiempo contribuyen a la estructuración de la ciudad».
LA NOTA
Ayudas a la vivienda
Los populares recuerdan que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 es «favorable» dado que incrementa el objeto de las ayudas para la creación de un parque de vivienda de alquiler. Según señalaron, los beneficiarios de este programa pueden ser ahora las administraciones, organismos y entidades de derecho público y privado, empresas públicas y privadas y sociedades mercantiles participadas por las administraciones públicas, fundaciones, ONG y asociaciones declaradas de utilidad pública con ayudas que van desde los 31.500 a los 36.750 euros por vivienda.
1 comentario
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Ya estan tardando!! Tanto dar por saco a los particulares,y ellos a que esperan. Que pongan en marcha el proyecto, ya.